La Cámara de Diputados aprobó hoy por 162 votos afirmativos, 77 votos negativos y 1 abstencion un proyecto que penaliza el ingreso no autorizado a establecimientos rurales y agrava los daños a la producción agropecuaria. La iniciativa, impulsada desde el PRO, contó con el apoyo de LLA, parte de UXP y bloques provinciales. La iniciativa pasa a Senado para su debate.
¿Qué pasa cuando se destruye un silobolsa, se daña un sistema de riego o se inutiliza una bomba de agua indispensable para sostener la producción? Detrás de cada uno de estos delitos hay algo más que un bien material dañado: puede haber una cosecha comprometida, una inversión perdida y el trabajo de muchos años.
¿Qué propone el proyecto?
Durante el debate en el recinto a la iniciativa original se le incorporaron cambios que permitieron clarificar la norma:
- Art. 150 bis: convierte en delito entrar sin permiso a un establecimiento rural cercado o señalizado, con penas de prisión de uno a doce meses. En caso de que la intrusión obstaculice el normal desarrollo de actividad productiva, la pena se agrava a dos años. La simple presencia de alambrados, cerramientos, vallas o señales indican la prohibición de ingreso.
- Art. 184 bis: crea una figura específica para el daño a la producción y a la infraestructura agropecuaria y propone penas de dos a ocho años de prisión y multas de entre tres y doce veces el valor del daño para quienes destruyan, inutilicen o dañen bienes que afecten directamente la producción agropecuaria. Entre los elementos alcanzados se encuentran cultivos, granos almacenados, hacienda, forrajes, productos en transporte e infraestructura vinculada con la actividad, como silos, alambrados, tranqueras, sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares y reservas hídricas.
¿Qué dijeron los legisladores?
El apoyo fue casi unánime. Legisladores de todos los espacios políticos y a su vez miembros del Espacio Legislativo del Agro dieron su pleno apoyo a la iniciativa y reconocieron que es un tema clave para la producción agropecuaria.
Asimismo destacaron las instancias de consenso para lograr un texto con el apoyo de buena parte de la oposición, con el afan de clarificar la ley incluso incorporar algunos agravantes.
Una agenda productiva que busca respuestas en el Congreso
El vandalismo rural se inscribe en una discusión más amplia sobre las condiciones necesarias para desarrollar la actividad agroindustrial en todo el país. La seguridad de las personas, la protección de las inversiones y la posibilidad de trabajar sin que hechos de esta naturaleza comprometan la producción forman parte de las preocupaciones del sector.
El tratamiento tiene una relevancia que va más allá de su contenido específico. Es una oportunidad para que el Congreso avance sobre una problemática propia del agro, a través de una propuesta legislativa concreta. En una agenda parlamentaria atravesada por debates de alcance general, que una iniciativa vinculada directamente con la actividad productiva llegue al recinto constituye un paso significativo..
También pone de manifiesto la importancia del diálogo sostenido entre la política y quienes producen. Desde Barbechando celebramos la posibilidad de que las necesidades del interior productivo se conviertan en proyectos y lleguen a discutirse en el ámbito legislativo.
