En la sesión prevista para mañana, el Frente de Todos espera poder conseguir los votos para aprobar el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, y el viernes que el Senado lo convierta en Ley. El oficialismo necesita de una decena de aliados para aprobarla: el Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo podrían apoyar la iniciativa, con limitaciones respecto de las facultades delegadas y retenciones. Juntos por el Cambio habilitaría la asunción de los nuevos legisladores, que el oficialismo necesita para sumar apoyo. Hoy se debatió el proyecto en Plenario y fue dictaminado. Fuerte queja por el aumento de los Derechos de Exportación.

Por unanimidad, el bloque de Juntos por el Cambio decidió que no dará quorum en la sesión de Diputados para aprobar la Emergencia, pero sí para la asunción de más de 25 diputados que deben ser reemplazados en sus bancas -enviaron una carta formal con el pedido de desdoblamiento de la sesión-, ya que fueron designados para ocupar distintos cargos ejecutivos, nacionales, provinciales y municipales.

Sin embargo, desde el Frente de Todos confían que podrán sesionar y conseguir la media sanción, a través de sus aliados, y dos interbloques que se les unieron.

Por un lado, el Interbloque Federal (conformado por Consenso Federal, Córdoba Federal y Aliados) está negociando cambios para apoyar la Ley de Emergencia: quiere diferenciar retenciones para pequeños y medianos productores (piden un esquema de reducción progresiva de las alícuotas de los DEX) y al impuesto del 30% por el consumo de dólares.

Mientras que Unidad Federal para el Desarrollo (Ex Cambiemos y Aliados) acompañaría el proyecto, en disidencia, respecto de la delegación de facultades: «No vamos a acompañar la toma de decisiones que impliquen una falta de respeto para las provincias, o las delegaciones de poderes que no tengan frenos y rompan el equilibrio de poderes de nuestra república», avisó el líder del espacio, José Luis Ramón.

 

Debate en plenario de comisión

En una extensa jornada para tratar el Megaproyecto, el gobierno envío a la jefa de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, y a cinco ministros Martín Guzmán (Hacienda), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo), Ginés González García (Salud) y Daniel Arroyo (Desarrollo Social), al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, para debatir la iniciativa.

Cada uno se refirió a sus materias particulares. Llegada la exposición de Kulfas, desde la oposición, principalmente, distintos diputados se expidieron en contra del aumento de los Derechos de Exportación.

Primero, Ricardo Buryaile (UCR-Formosa), ex Ministro de Agricultura de la Nación, aseguró que “los Derechos de Exportación sacan recursos del interior del país para darle a la administración central. Le quitan derecho a las provincias y des federalizan el sistema”. También se lamentó que no tuvieran en cuenta que “en el sector agropecuario, el 90% de los establecimientos son pymes”.

“Para desarrollar armónicamente el país, hace falta tener una política de desarrollo territorial. Con este régimen, si les preguntara si sembrarían en Pergamino o en Formosa, la respuesta es bastante obvia”, ironizó el ex funcionario.

A su turno, Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), anteriormente a cargo de la Comisión de Agricultura y Ganadería, se quejó por las retenciones y cuestionó que Vaca Muerta tenga el 8% de retención y la producción agropecuaria tenga el doble: “Esto solo va a producir la reducción de la producción que es lo que genera divisas, y es lo que hay que cuidar según lo que decía Guzman”, señaló.

“Las retenciones son un mal impuesto, son un impuesto inequitativo, no distingue entre ganancia y perdida, crea inequidades entre los productores y pone en distintas posiciones a los productores de acuerdo al lugar donde llevan adelante su trabajo”, dijo el entrerriano.

Desde el Frente de Todos, José Ignacio de Mendiguren (Frente de Todos-Buenos Aires) reconoció que es “productor agropecuario y padezco las retenciones” y propuso “discutir el modelo de desarrollo de la Argentina: ya que hablamos del campo, necesitamos doblar por dos la facturación del campo. Si usamos el campo para tapar el agujero, es el próximo default”.

Al momento de responder, Kulfas abordó de entrada el tema de las retenciones y reconoció “el dinamismo del sector agropecuaria en la actividad económica” y que “de los 60 mil millones de dólares que exporta el país, 30 mil millones vienen del complejo de la soja, maíz, trigo, carne y otras economías regionales”. También destacó “El papel es significativo, en torno al empleo”, que significa un 10% del producto, pero dijo: “no nos alcanza”.

“Los Derechos de Exportación juegan un rol importante que es generar valor, volumen y empleo. Cuando hablamos de pedir facultades con topes de retenciones lo que queremos hacer es dar la discusión del perfil productivo de la próxima década: queremos agregar valor y generar empleo”.

“No se puede segmentar el pago de derechos de exportación porque lo pagan los exportadores, en general, son unas pocas empresas grandes. Lo que sí podemos hacer es pensar mecanismos compensadores para los pequeños productores”

Con respecto a los tope del 33% en soja explicó que el objetivo es que se vaya reduciendo a medida que se agregue valor. Respecto de la carne, dijo que “es una gran oportunidad para la Argentina. Podemos generar nuevos mecanismos para generar el desarrollo de este sector, con la garantía de mantener el mercado local y el mercado internacional”, aseguró.

Para terminar disintió con el argumento de que las retenciones son una transferencia de recursos del interior a la administración central: “Antes que pensar en transferencia de un sector a otro, pensar en Argentina como un todo y donde están los grandes problemas”.

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