A pedido de la presidenta de la Cámara, se llevó a cabo una sesión especial en la que se trató la validez de varios Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) enviados por el Poder Ejecutivo, entre ellos, la derogación de la intervención a la empresa cerealera Vicentin, la declaración de las Capitales Alternas de la República Argentina, y la declaración de los servicios de declaración de los servicios de telecomunicaciones como públicos y esenciales.

En una sesión que duró más de 10 horas, solicitada por legisladores del Frente de Todos, se retomó el tratamiento del DNU enviado por el Poder Ejecutivo que derogaba la iniciativa de intervención de Vicentín. Este había sido pospuesto hace tres semanas, después del inesperado fallecimiento del CEO de la empresa.

La primera en exponer fue María de los Ángeles Sacnun (FDT-Santa Fe), quien clasificó como “correcta” la disposición del presidente de dar marcha atrás porque “hoy han convertido a Vicentin en una cáscara vacía, violentando los derechos de los acreedores, del Banco de la Nación Argentina de los pequeños y medianos productores, de las cooperativas, y de los acopiadores”

Uno de los allegados de Cristina en la Cámara, Oscar Parilli (FDT-Neuquén), completó los dichos de Sacnun y elogió al presidente por su sensibilidad y criterio para analizar seriamente las situaciones que se van dando en la realidad argentina.

A continuación, su par oficialista Roberto Mirabella (FDT-Santa Fe), dijo que la derogación fue acertada ya que los objetivos propuestos en el DNU que proponía la intervención no se pudieron llevar a cabo “no solo por una actitud obstruccionista por parte de los accionistas de la empresa, sino también por parte del juez que interviene en el concurso, la falta de información, los incumplimientos en la presentación de la memoria y el balance, y las maniobras de vaciamiento de la empresa”.

Desde la oposición, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), recordó que desde la oposición se advirtió el error político que implicaba la toma Vicentín, “con su historia y su vinculación con el sector productivo”, y que fue solo después de 53 días que el gobierno tomo nota del reclamo de la ciudadanía y reconoció el error.

Sobre Vicentín, recordamos que el Senado dio media sanción al proyecto impulsado por Oscar Parrilli (FDT-Neuquén) que propone la creación de una Comisión Bicameral Investigadora de la deuda entre la cerealera y el Banco Nación. Este proyecto fue girado a Diputados donde aguarda tratamiento. Si bien el oficialismo reitera constantemente la importancia de su aprobación, aun no se lo debatió.

Otros temas tratados:
También se trató un proyecto de ley fue enviado por el Poder Ejecutivo sobre la declaración de Capitales Alternas de la República Argentina. Desde el oficialismo se dijo que se tomó como modelo la iniciativa del gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, quien había puesto en marcha un plan similar en su provincia.

María de los Ángeles Sacnun (FDT-Santa Fe), explicó la importancia de este proyecto para la promoción del federalismo, la cercanía de las autoridades nacionales con las provinciales y las economías regionales, a fin de garantizar el desarrollo del empleo y la igualdad.

Por su parte, María Eugenia Duré (FDT-Tierra del Fuego) también se refirió a la importancia de la presencia en el “interior profundo de la patria” para saber de qué se habla y qué necesitan específicamente cada uno de los ciudadanos de las provincias. En la misma línea se expresó Norma Durango (FDT-La Pampa), quien dejó en claro que la única forma de conocer la realidad es recorrer el territorio en el interior.

Claudio Poggi (Avanzar San Luis-San Luis) propuso un complemento que diga expresamente que se establecerá, con la periodicidad que fijen el Poder Ejecutivo nacional y las jurisdicciones provinciales, una rotación de ciudades seleccionadas como capitales alternas.

Por último, María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz) manifestó la necesidad de tener una ley de coparticipación federal, “para que realmente haya equidad en la distribución de recursos”.

Además, se aprobó el DNU que establece que los llamados Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones son “servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia”. Este fue respaldado por el oficialismo y sus aliados, mientras que Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal votaron en contra.

Finalmente, estuvo en discusión un proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes y otro que modifica la Ley de Educación Nacional incorporando en los contenidos curriculares los conceptos de ciberdelito, acoso virtual y la necesidad de protección de los datos personales en redes sociales y canales informáticos de los menores.

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