Finalmente el proyecto de ley presentado por el senador José Mayans (FDT-Formosa) fue aprobado por 60 votos afirmativos, uno negativo -del entrerriano Edgardo Kueider- y una abstención -del salteño Juan Carlos Romero-. La iniciativa se girará a la Cámara de Diputados para su revisión y tratamiento.

La actual Ley Ovina, la 25.422, venció el pasado 5 de abril y desde entonces el sector ovino se mantuvo en vilo. Con la propuesta impulsada por el jefe de bloque oficialista, en coordinación con el poder Ejecutivo y la Cámara Baja, se estableció un régimen de promoción a la actividad por un plazo de diez años, a la que se les destinaran 850 millones de pesos. También se incluyó en esta oportunidad a la producción de llamas.

EL DEBATE

El presidente de la Comisión de Agricultura, Alfredo Rodríguez Saá (FDT-San Luis) celebró que se incorporara en la ley la mención a productoras, y el fomento a la agricultura familiar y a la economía indígena.

El puntano señaló que es importante fomentar el consumo de carne ovina, que en este momento está en 200 gramos por persona, y enriquecer el trabajo nacional alrededor de la lana.

“Se incorpora la llama, que tiene una importante significación en el norte argentino. Durante el debate ha surgido la necesidad de incorporar otros. Lo hemos analizado requieren un régimen especial. En la Comisión vamos a trabajar para un régimen para otros camélidos y para el ganado caprino que también tiene una enorme importancia, sobre todo para los pequeños productores”, agregó.

Alfredo de Angeli (PRO-Entre Ríos) indicó que “esta ley es necesaria” y se refirió a que muchos productores ovinos se acercaron a ese tipo de producción luego de malas políticas de gobierno que los obligaron a dejar sus ganados vacunos.

El agro senador propuso incorporar un índice de actualización ya que “es una ley a diez años y estos 850 millones de pesos no serán nada en dos años”.

Si bien valoró el artículo 6 referido a los pequeños productores, aseguró que el artículo 12 “la echa por tierra”. “No pudimos conseguir de hacer ese cambio; sacar la palabra prioritariamente, para establecer una combinación. No queremos poner palos en la rueda, pero si no se acepta esa modificación, el artículo 12 lo vamos a votar en contra, porque está beneficiando a los que más cabeza de ganado tienen”, señaló.

Por Santa Cruz, la senadora radical María Belén Tapia dijo que “esta norma ha sido apoyada por muchas sociedades productoras” y que “la ganadería ovina ha ido una actividad motorizadora en la provincia y apostamos a que siga siendo así”. Agregó que “es un factor de poblamiento y arraigo en muchas zonas del territorio”.

La presidenta de la Comisión de Ambiente, Gladys Gonzáles (PRO-Buenos Aires) objetó la derogación del artículo 3 de la ley actual, que habla de enmarcar la actividad en criterios de sustentabilidad de recursos naturales.

“Deberíamos estar preparando a la agroindustria y a nuestro sector productivo en general para un mundo competitivo en donde la sostenibilidad toma valor no solo por una cuestión moral, sino toma valor económico. Nos vamos a quedar afuera de los mercados si no nos aggiornamos. No solo vamos a estar perjudicando al ambiente sino dañando la sustentabilidad en especial de los pequeños productores”, sostuvo.

“Permitir una carga de uso del suelo excesiva es claramente pan para hoy y hambre para mañana; porque ese suelo si no lo protegemos va a ser menos eficiente, va a rendir menos, va a generar menos”, remarcó hacia el final.

Víctor Zimmermann (Chaco-UCR) consideró que la iniciativa es “una señal muy fuerte en defensa de las economías regionales” y “una demanda de muchos productores”. Si bien valoró el trabajo en Comisión consideró que por los cálculos de la inflación el monto debería llegar 1.600.000 de pesos. “Queremos establecer un coeficiente de actualización para no tener retrasos como hemos tenido anteriormente”, dijo.

LAS CLAVES DEL PROYECTO

  • Por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos (hasta el pasado 5 de abril era de 20 millones).
  • Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.
  • Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas.
  • Se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
  • Anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen.
  • El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas.
  • Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina
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