El oficialismo dictaminó en comisión la iniciativa que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados. Al igual que sus pares en la Cámara baja, Juntos por el Cambio presentó su rechazo. Del encuentro también participó Mercedes Marcó del Pont, titular del AFIP, quien se refirió en detalle al alcance del impuesto sobre los inmuebles rurales. El proyecto se trataría en el recinto la próxima semana.

Con Mercedes Marcó del Pont -Titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos- presente, el oficialismo logró que el “aporte solidario y extraordinario” logre el dictamen en comisión de Presupuesto y Hacienda. La titular del ente recaudador expuso los principales puntos del proyecto, haciendo énfasis en el bajo alcance sobre el sector agropecuario, pero no respondió preguntas.

Qué dijo Marcó del Pont

  • El aporte “grava a los empresarios, no a las empresas”: no se grava el capital de las empresas ni el capital de trabajo.
  • Según proyecciones realizadas en base a las declaraciones juradas de 2019, el total de contribuyentes alcanzados son 11865 personas (1,2 de la cantidad de contribuyentes).
  • “La base imponible es muy superior a la de los bienes personales”.
  • “Es un impuesto progresivo”.
  • El 55% va a estar en cabeza de 3,2% de los contribuyentes.
  • Se gravan patrimonios que se valúan financieramente.
  • El excedente ya pasó por una distribución de dividendos o utilidades.
  • La composición de los patrimonios está valuada en moneda extranjera un 40% y un 60% en moneda nacional.

Qué dijo sobre los inmuebles rurales

Marcó del Pont refutó la idea de que los productores rurales tuviesen que tener sus vender sus campos para afrontar el impuesto: “Cuando uno mira los datos sobre lo que declaran los contribuyente, solo el 17% declara tener inmuebles rurales y de ese porcentaje, solo el 2,4% representan inmuebles rurales sobre el patrimonio”.

Asimismo, señaló que estudiaron la disponibilidad y aseguró que “tienen excedentes líquidos que representan 25 veces más el aporte que tienen que realizar”.

El debate en comisión

Ya sin Marco del Pont presente, la senadora Lucila Crexell (MPN-Neuquén) se lamentó por su ausencia y consultó por la naturaleza jurídica del proyecto, si se trataba de un aporte coparticipable y por la doble imposición.

Julio Cobos (UCR-Mendoza), a pesar de no ser miembro de la comisión, adelantó que el Interbloque no acompañará el proyecto; planteó que se trata de una doble imposición y que no es un impuesto coparticipable, por lo que “la emergencia fiscal de las Provincias no va a ser sustentada por este impuesto”. También apuntó contra la falta de progresividad.

En la misma línea, Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) dijo que este impuesto “va en contra de la creación de trabajo” y sumó el riesgo de la judicialización y la confiscatoriedad del aporte.  “Estamos yendo contra las empresas que generan trabajo argentino”, aseguró la tucumana y cerró lamentándose porque, en los últimos 11 meses, se crearon o aumentaron 15 impuestos.

Por su parte, Victor Zimmermann (UCR-Chaco) dijo que es un “impuesto inoportuno y desigual” y propuso apuntar a presupuestos equilibrados. También se refirió a la doble imposición y cuestionó los criterios para repartición federal del impuesto.

Desde el oficialismo, Jorge Taiana (FDT-Buenos Aires) reforzó que el impuesto es sobre el patrimonio de algunas personas, no sobre las empresas. “Los ricos no quieren pagar impuestos”, dijo y señaló que se trata de un pequeño aporte, por única vez, para que “los super ricos, pongan una contribución mínima para ayudar a salir de esta enorme crisis”.

Nora del Valle Giménez (FDT-Salta) pidió el aporte de un sector “minoritario”, que refleja el nivel de concentración del país y ponderó el destino de la recaudación del aporte.

Desde el mismo espacio, Antonio Rodas (FDT-Chaco) detalló que el aporte es sobre “un sector que está identificado que tiene la capacidad de hacerlo” y que demostraría “la calidad humana y de patria”, como gesto de generosidad.

La senadora Ana Almirón (FDT-Corrientes), reforzó la idea que no es impuesto, es un aporte por única vez y que no es confiscatorio porque no se lo queda el Estado: “es para políticas sociales”, apuntó.

Para el cierre, Carlos Caserio (FDT-Córdoba), titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda dijo que contaban con el aval de los gobernadores y aclaró que una persona, con un patrimonio declarado de 200 millones, paga el 2%, es decir, 4 millones. “No es justo decir que los pobres empresarios argentinos van a tener que vender sus empresas para pagarlo”, fustigó.

Para cerrar aseguró: “Este aporte no le saca nada a nadie, le da mucho a los argentinos” y pasó el dictamen a la firma.

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