Finalizada la cuarta y última ronda de debate de la ley de semillas, Atilio Benedetti agradeció a los más de 50 oradores y propuso generar un proyecto de consenso. Los diputados tienen tiempo para dictaminar hasta el 20 de noviembre. En la última jornada expuso: INTA, Ciara Cec, Aacrea, Bolsa de Cereales de Córdoba, Acsoja, Asagir, Asa, la Subsecretaría de Agricultura bonaerense, el Intendente de Pergamino, cooperativas y académicos.

Juan Balbín, Presidente del Inta, comenzó refiriéndose a los avances tecnológicos, producto de mutagénesis, la biotecnología y edición génica, herramientas que necesitan “un modo de razonamiento distinto”. Luego reconoció que “el Inta es el primer obtentor de variedades, con 1300 variedades registradas y 126 especies”, lo que permite que el instituto “se haga cargo de infinidad de productos en las economías regionales, que sostienen la investigación y el desarrollo de los próximos años”, no solo de semillas sino también de frutales, yemas y forestales.

Como paradoja señaló: “el 90% de los ingresos del Inta provienen de regalías cobradas en Brasil”. Sobre el reconocimiento de la propiedad intelectual, Balbín precisó: de 100 pesos que ingresan al Inta de regalías, 30% se destinan a investigación, otros 30% a patentes, 30% para la región y un 10% para costos administrativos, por lo que propuso confiar en los jóvenes investigadores.

Además planteó la importancia de que la ley permita contratos privados, para lograr la “articulación en la cadena”, como el caso de los trigos candeales, forestales o fibras de algodón. Para terminar, se refirió a la retribución por el mejoramiento que permite el acceso a las herramientas tecnológicas: “es el gran desafío”, concluyó.

Miguel Tezanos Pintos, Subsecretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, fue contundente: “Para el sector agroindustrial bonaerense no hay nada más importante que tener una ley de semillas”. En Buenos Aires conviven el 75% de los semilleros del país, donde existe una proyección de crecimiento, luego de finalizar las obras del Salado, que permitirá tener mayor superficie agrícola, aseguró el funcionario.

Sobre el uso propio consideró que “cuando alguien multiplica una semilla, está utilizando un derecho, pero un derecho que hay que pagarlo”, es decir, haciendo uso propio o multiplicando, el productor debe pagarle al obtentor. También pidió controles “simples y cumplibles” y una posible segmentación por cultivos.

Desde la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) brindaron un panorama de las contribuciones al mejoramiento genético. En el caso del algodón, en 50 años se duplicó el rendimiento y se incorporó resistencia a herbicidas y plagas; para el caso de la caña de azúcar, desde 1940 aumentó el rendimiento de 80 kilos a 140 por hectárea, por año; el arroz aumentó significativamente la calidad y el rendimiento, que permitió abrir nuevos mercados y exportar genética del INTA.

Para el caso de la soja, en nuestro país, en los últimos 35 años, la mejora fue de 28 kilos por hectárea por año, es decir, unos mil kilos de hectáreas por año, que se traduce en un aumento del 50 por ciento más del punto inicial (1980). De estos 30 kilos por hectárea por año “más del 50% de la ganancia corresponde a la genética”, aseguraron.

Para cerrar, Federico Bert propuso la retribución de la inversión en mejoramiento genético, asegurar el acceso a la mejor tecnología de todos los productores y contemplar los acuerdos logrados en el “Acta de Entendimiento” (Uso propio oneroso, con excepciones, pago único, respetar los acuerdos entre privados y fortalecimiento del INASE).

Javier Martínez, Intendente de Pergamino, señaló que esa localidad “respira tecnología vinculada al agro”, y dijo que la ley no es sólo referida a soja y trigo, sino también a la economía regional. “La genética aumenta la posibilidad de producir”, aseguró. Martínez señaló que “El 20% de los recursos de la ciudad están vinculados a empresas proveedoras de semillas”, por lo que apoyó generar los consensos para lograr una protección ordenada sobre la propiedad intelectual.

Desde la Bolsa de Cereales de Córdoba propusieron la defensa del uso propio oneroso destinado a incentivar la inversión en investigación y desarrollo: “sólo el 20% de la superficie sembrada de semillas autógamas, es fiscalizada”, aseguran.

Luego se refirieron al costo por no contar con la ley de semillas moderna, que genera el uso extra de 1500 millones de dólares en fertilizantes y un crecimiento al 1% en mejora de soja y trigo, mientras que Brasil lo hace al doble. “Trescientos millones por año se pierden por este retraso en tecnología”, señalaron, al mismo tiempo que reconocieron la pérdida de un mercado de inversiones en investigación y desarrollo de mil millones de dólares y de doscientos millones de dólares en maní, garbanzo, caña y algodón. A modo de cierre propusieron no declarar la ley de orden público, el uso propio oneroso con excepciones, el control por parte del Inase, incentivo para el uso de semilla fiscalizada, la diversidad del germoplasma y el subsidio de cultivos regionales menores.

Desde la Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Alfredo Pasyero planteó la importancia de la competencia mundial en el conocimiento: la industria semillera local invierte el 9% en investigación y desarrollo, porcentaje comprable a la inversión en países como Estados Unidos, China y Europa, pero muy por debajo de la media en el ranking de la protección intelectual. Asa adhirió al acta de entendimiento de la Ley de semillas, acuerdo que contempla reconocimiento del uso propio oneroso –con excepciones para agricultura familiar, pueblos originarios, especies nativas y criollas-, retribución por investigación y desarrollo, sistema sencillo de cobro, la libertad de contratar en todas las formas posibles y potestad de control del Inase y el sector privado.

Por la Cámara de la Industria de Aceites y al Centro de Exportadores de Cereales señalaron que Argentina es el primer exportador mundial de harina y aceite, pero alertaron que hay “seguir invirtiendo”, para seguir creciendo, frente a nuestros principales competidores, Brasil y Estados Unidos. También advirtieron la necesidad de incrementar rendimiento y calidad: “Necesitamos un germoplasma que responda a la demanda internacional”, apuntó y dijo que hay que mejorar la calidad de poroto de soja y del trigo.

Para cerrar alertaron que nuestros competidores de la región como Paraguay, Brasil y Uruguay, tienen planes de lanzamiento de tecnología, que no están listas para lanzar en Argentina, por lo que a partir de 2021 podríamos tener diferencia sustancial de presencia de germoplasma con evento transgénico no presente en Argentina pero si en la región, lo que no permitiría importar materia prima y exportar productos procesados. “Necesitamos condiciones legales para tener variedades locales que respondan al rendimiento y calidad y que haya sincronía en el Mercosur para evitar prácticas ilegales”, concluyó.

El presidente de la  Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) planteó que Estados Unidos tiene rindes un 25% mayores a los de Argentina: “Estamos perdiendo competitividad en la producción de nuestra soja y eso nos está relegando”, aseguró. Traducido, dijo que ese 25 por ciento que no alcanzamos, “implica perder 13 millones de toneladas de soja”. Por eso reconoció la importancia de tener incentivos para proteger la propiedad intelectual y para tener mejor calidad de semillas. Luego acordó con los puntos base del Acta de Consenso: pago por germoplasma, control del Inase, pago único, sanciones e incentivar la semilla fiscalizada.

“La responsabilidad de los legisladores es definir qué es lo mejor para la Argentina, tomar el coraje e ir para adelante con el criterio más serio y ecuánime por eso les pido que trabajen, buscando en el bien común, una estructura lo más justa posible”, imploró el titular de la cadena de soja.

Desde la cadena del girasol (Asagir), plantearon el reconocimiento del uso propio en semillas, la retribución por el uso de tecnología, con excepción para pueblos originarios, agricultores familiares y variedades nativas y autóctonas, pago único, valor definido por el titular de la variedad, control a cargo del INASE y no declarar la ley de orden público.

Julia Carreras, fitomejoradora de garbanzos, precisó que para lograr una variedad, demoran de 7 a 10 años, pero se lamentó: “El 80-90% de la semilla que se usa es bolsa blanca”, y pidió que se respete el derecho del obtentor, como retribución al trabajo de investigación. Para cerrar informó que en la última campaña, en Córdoba, se sembraron 50 mil hectáreas y se vendieron 200 toneladas de semillas, cuando es un cultivo que lleva más de 150 kilos por hectárea

Desde Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO), un grupo de cooperativas de semillas de hortalizas, que proveen 30 especies y 100 variedades proponen el reconocimiento del fitomejorador (ellos mejoran las semillas de polinización), el control exclusivo por parte del Inase, el incentivo de creaciones fitogenéticas y proponen la categoría de pequeño productor, en lugar de agricultura familiar.

Por la Asociación Argentina de Productores de Semillas (ASPROSEM), proponen reconocer el derecho del obtentor ya que cuentan con pocos desarrollos de sus dos principales cultivos (zanahoria y cebolla), la fiscalización a cargo del Inase, uso propio limitado y crear un registro provincial de semilla.

Por su parte, Támara Perelmuter, apoyó el proyecto de ley de semillas impulsado por el diputado José Ruiz Aragón (FPV-PJ-Corrientes), que plantea el uso propio sin restricciones como derecho del agricultor, declarar de interés público las semillas nativas y criollas e incorporar a las comunidades campesinas en el debate.

Para cerrar, Miguel Campos, ex secretario de Agricultura de la Nación reconoció que la ley actual de semillas “es muy buena”, que sólo hace falta una serie de cambios con respecto al control. Luego apuntó que “el 20% de semilla sea fiscalizada es un problema de control” y que el “uso propio está bien definido pero mal utilizado”. Por eso propuso el muestreo de campos en regla, que el uso propio “no debe ser cobrado”.

Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos) agradeció la presencia de los más de 50 expositores: “Hemos cerrado un ciclo”, reconoció y señaló que quedan a la vista los proyectos de ley presentados, el acta de entendimiento y la conversación abierta con los legisladores. “Con el fruto de las exposiciones, nosotros los diputados y asesores, partir de ahora nos ponemos a trabajar en este enorme desafío de sintetizar o traer las mejores ideas para poder arribar a un dictamen que es a lo que aspiramos los que hemos trabajado en este tema”, concluyó.

La comisión de Agricultura y Ganadería espera realizar dos reuniones más: una a modo de cierre y conclusión de las jornadas; y una última, para dictaminar. Aún no hay proyecto de ley oficial, pero se estima que diputados oficialistas y opositores generarán un grupo de consenso para avanzar con un dictamen, que deberían firmar, antes del 20 de noviembre.

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