La iniciativa tiene como objetivo crear un plan de regularización de obras no autorizadas, que hayan producido la modificación del natural escurrimiento de las aguas. Son las canalizaciones, bordes, terraplenes, obras de arte u otras alteraciones que hayan sido realizadas sin la autorización correspondiente.

La norma fija sanciones a quienes construyeron o construyan canales y terraplenes sin la correspondiente autorización, y otorga 90 días a los propietarios de campos que hayan incurrido en esa falta para que regularicen su situación. Se prevé la inhibición de los campos por donde pasen los canales clandestinos; la inhabilitación para solicitar trámites provinciales y municipales (como guías de ganado y cartas de porte), suspensión de beneficios impositivos o crediticios y multas económicas.

Por otro lado, la reglamentación de la ley deja los controles en manos de los municipios, quienes deberán comprobar las infracciones. Quedan facultados para “recibir denuncias, realizar relevamientos y otras actuaciones tendientes a la constatación de las obras no autorizadas”. Moretti había declarado que esperaba que en la reglamentación la Provincia habilite a los juzgados de faltas locales para que tengan “la potestad de sancionar” a los infractores

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