Desde hace meses, en el Senado avanza un proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de humedales que, al utilizar una definición muy amplia puede afectar seriamente la producción agropecuaria y la vida misma de los pobladores en diferentes zonas del país.

Puede que el lector se pregunte: en qué me afecta? Si es dueño de lo que, en criollo, llamamos campo bajo, mismo si es “dulce”, estaría directamente involucrado: la definición incluye a todos los suelos “con rasgos de hidromorfismo”.

Pero si no tiene campo y le preocupa el cuidado del medio ambiente, es bueno saber que muchos argentinos que viven en esos lugares serán impedidos de producir, y por ello de vivir. Salvo que se modifiquen los alcances del proyecto de ley. Un ejemplo: todo el  arroz, y la industria vinculada, se produce en humedales. Así también se incluyen ganaderos, cultivadores de pescado, forestales, nogaleros, mimbreros, apicultores, etc.

En su momento, en el Senado, técnicos del INTA habían advertido que, tal como estaba formulado, podía afectar productivamente a la cuarta parte del territorio argentino -Ver mapa adjunto-. Pero ellos sostienen que los humedales a proteger y conservar, no abarcarían más de un 12% de nuestro territorio.

Teniendo en cuenta los firmantes del dictamen y los contactos mantenidos, se puede afirmar que hay una alta probabilidad de que el proyecto, tal como está, o con algunas modificaciones que podrían surgir a partir de un proyecto alternativo, sea aprobado. Dependiendo de cuánto se moderen los alcances del proyecto original, menor será el grado de afectación productiva que podrá haber en el futuro.

De lo contrario, se corre el riesgo que intentando “proteger todo”, se termine protegiendo casi nada, como ha sucedido en buena medida con la llamada Ley de Bosques. Sería muy conveniente que el marco legal que se establezca compatibilice las opiniones, intereses y posibilidades de los distintos sectores involucrados, evitando promover infinidad de probables juicios.

Es imprescindible que todos los actores se involucren activamente a un nuevo y más amplio debate. No sólo respecto de las implicancias ambientales, sino también de las sociales y económicas. Garantizando así un equilibrio, que llamamos sustentable.

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