El proyecto sancionado ayer establece la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios, que incluye el principio de responsabilidad compartida con el productor. La norma además establece que los bidones deberán ser trasladados a un Centro de Acopio Transitorio (CAT).

El proyecto fue presentado en 2014 por el Poder Ejecutivo de la gestión kirchnerista, y, la primer Cámara que lo debatió fue el Senado de la Nación, donde sufrió algunas modificaciones, con respecto a la inclusión de nuevas sanciones. Un año después ingresó a la Cámara de Diputados, donde fue dictaminado en Comisión, sin cambios, y ayer finalmente se convirtió en Ley por 162 votos afirmativos, sobre 13 negativos y sin abstenciones

El tema de la disposición final de los envases ya venía siendo debatido a nivel mundial y hoy se aplica en varios países, como Bélgica, Francia, Estados Unidos, Australia y Canadá. En la región, vale recordar la experiencia de Brasil, donde se implementó un sistema que permite la recuperación del 95% de los envases y que, en 2015, le permitió procesar un volumen de al menos unas 45.500 toneladas.

La deuda pendiente de nuestro país son los propios fundamentos del proyecto del Poder Ejecutivo: en Argentina existen 13 mil toneladas de plástico sin procesar, de diversos tipos.

Por eso, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente se lanzaron con esta iniciativa, que se trabajó durante más de tres años, con distintos sectores que brindaron sus aportes y visiones.

En los debates en ambas Cámaras, estos actores también expusieron ante los legisladores y dejaron en claro el “consenso” que existía detrás del proyecto. Además, Barbechando organizó dos jornadas con todos los actores de la cadena para poder consensuar aspectos técnicos y lograr aportes.

Técnicamente, la Ley establece los presupuestos mínimos para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, es decir, el umbral básico que deben cumplir las provincias para la protección del ambiente. Respetando al Ley de Residuos Peligroso (24.051), el proyecto no desclasifica los envases como residuos peligrosos, sino que son contemplados en virtud de la toxicidad del contenido.

Pero además el proyecto se rige por el principio de responsabilidad extendida y compartida, según el cual existe una responsabilidad primaria de los registrantes de fitosanitarios (industria) por la gestión integral y su financiamiento. Pero también existen responsabilidades compartidas por otros actores de la cadena de gestión como son los productores, los distribuidores y los aplicadores.

En términos jurídicos, la Ley establece un doble comando como autoridad de aplicación: el Ministerio de Agroindustria y el Ministerio de Ambiente; mientras que las autoridades competentes para el control y la fiscalización serán las Provincias. La interjurisdiccionalidad, también propuesta, permite el traslado de los envases de una Provincia a la otra.

La iniciativa establece la prohibición de usar el material recuperado para elaborar cualquier tipo de productos que sea riesgoso para la salud humana o animal. Y, además, crea un Sistema Único de Trazabilidad que permita el monitoreo permanente de los sistemas de gestión.

En la práctica, desde la sanción de la Ley, el productor o aplicador debe separar los envases vacíos en dos clases (dependiendo si pueden ser sometidos a un proceso de reducción de residuos), realizar obligatoriamente el triple lavado y entregarlos en un CAT.

Luego, en esos Centros, a cargo de los registrantes, deberán ser clasificados y acopiados en espacios diferenciados según la tipología, para su valorización o disposición final. El paso siguiente, a cargo de la industria, será evaluar material procesado para su reciclado o descarte.

Uno de los problemas del proyecto están relacionados con el plazo de devolución del envase, que debe ser al año de la fecha de compra del producto. Otro inconveniente son las excesivas multas que impone el proyecto, que llegan a los ocho millones de pesos por encontrar envases vacíos en el campo, aunque varios aseguran que esas multas son para los registrantes.

A pesar de algunos aspectos que, ansiamos, puedan ser mejorables en la reglamentación, desde Barbechando celebramos esta Ley sustentable que permite la convivencia en armonía, entre la sociedad, el medioambiente y los productores, para poder cumplir con principios de las buenas prácticas agrícolas y seguir exportando alimentos al mundo.

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