Los diputados de la Comisión de Ambiente aprobaron el proyecto que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la preservación, restauración y uso racional y sostenible de los humedales. El dictamen consensuado fue apoyado por oficialismo y oposición, aunque varios legisladores presentaron disidencias. El oficialismo aceptó eliminar el capítulo de régimen penal. Juntos por el Cambio votó dividido: algunos apoyaron la propuesta, con propuestas de cambio, y otros la rechazaron.

Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), titular de la comisión y autor del proyecto principal para la preservación y conservación de los humedales, recapituló el inicio del debate el 6 de agosto, que, a la fecha reúne 10 proyectos presentados, que acumuló varias reuniones con especialistas y debates de asesores.

“Es un tema sumamente resistido”, dijo Grosso y se lamentó por las dos medias sanciones frustrada: “Acá durmió el criterio de lo justo”, apuntó. También señaló que hubo 400 mil hectáreas de humedales arrasadas por el fuego, hecho que calificó como un “ecocidio”, que llevarán años para restaurar.

Para terminar pidió que se logre el avance en la comisión de Ambiente “como señal política a las otras comisiones” y concluyó que hoy recibieron a Ong ambientales que presentaron un petitorio con más de medio millón de firmas. “La sociedad pide que la política ponga un límite, que el Estado regule, lo que el mercado viene destruyendo”, concluyó.

Por su parte, Brenda Austin (UCR-Córdoba) rescató el debate y reconoció la batería de proyectos presentados por todos los bloques, pero se lamentó porque se frenó el debate en octubre y se retomó sobre la fecha de finalización del periodo ordinario.

“Vamos a acompañar el dictamen, pero con disidencias parciales”, dijo la vicepresidente de la comisión de Ambiente, ratificando el compromiso para contar con una ley de humedales, aunque consideró que se trata de un texto muy amplio. Entre las propuestas de la oposición, señaló:

  • Priorizar el inventario y enfocarse en la implementación a nivel provincial
  • Categorías -semáforo- que delimiten los planes de manejo (no focalizado por criterio de gestión de los humedales).
  • Fondos fiduciarios (para no perder fondos en cambios de ejercicio) y priorizar fondos para provincias que hayan avanzado en el ordenamiento territorial.
  • Compensación a jurisdicciones por los servicios ecosistémicos y a los titulares.
  • Cambiar el criterio de regiones por escala de paisajes.
  • Prohibiciones ajustadas a pautas técnicas internacionales
  • Mantenimiento de protección de humedales degradados por incendios.
  • Obras de infraestructura: incorporar comités de cuencas hídricas -para evitar conflictos entre provincias por tema aguas y leyes ambientales- y permitir obras de infraestructura, previa evaluación de impacto ambiental.
  • Régimen penal: incluir directamente un capítulo ambiental en el Código Penal

Jorge Vara (UCR-Corrientes), autor de uno de los proyectos, objetó la definición propuesta (suelos hidromórficos) y defendió la concepción Ramsar y la potestad de las provincias sobre los recursos originarios, adelantando el rechazo de parte de los legisladores de la oposición.

En la misma línea que el diputado pre opinante, Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos) aseguró que es necesario “proteger los humedales” con el desafío de “proteger y seguir produciendo”, bajo el sistema de las buenas prácticas. En torno al texto en cuestión, objeto la definición y propuso que el inventario esté en manos de las provincias, con la ayuda de la Nación, al igual que el ordenamiento territorial.

Desde el Interbloque Federal, Graciela Camaño (Buenos Aires) aseguró que no se violentan autonomías provinciales y apuntó contra la comisión de Agricultura y Ganadería como una de las trabas a la iniciativa y aspira que el año que viene se trate en ese espacio. “Dos veces el Senado nos dijo que necesitamos ley de humedales”, dijo.

“No es no producir, es producir como corresponde porque la naturaleza no le pertenece a nadie, le pertenece a las generaciones actuales y futuras”, concluyó enfáticamente la diputada.

Desde Unidad Federal para el Desarrollo, aliado del oficialismo, José Luis Ramón (Mendoza) apoyó el texto consensuado y pidió priorizar el ambiente, por sobre “el lobby inmobiliarios y agroindustrial”. También señaló que las penas deben ser contra las personas jurídicas (directores), no contra las personas humanas.

Propuestas de cambio

El oficialismo aceptó eliminar, por pedido de la oposición, el régimen penal (Capítulo 8, Titulo II, Art 42, 43 y 44) para, así, evitar el giro a la comisión de legislación penal y acelerar el trámite legislativo.

El mismo establecía penas de prisión por envenenar, adulterar, incendiar humedales protegidos. También condena el relleno y aumenta las penas en caso de muerte. Las penas alcanzan a directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o representantes de la misma que se hubiesen desempeñado al momento del hecho, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir.

La votación

El oficialismo, junto a sus aliados, alcanzó 16 votos que acompañaron el dictamen de mayoría. Asimismo desde Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal también, 7 diputados también le dieron el visto bueno al dictamen, con disidencias.

3 legisladores de Juntos por el Cambio, por su parte, presentaron dictamen en minoría, rechazando la propuesta de la mayoría.

Los principales puntos del proyecto

Definición: aquellos ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo.

Prohibición: aplicación de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza y origen, incluyéndose las fumigaciones aéreas y terrestres en los humedales.

Inventario Nacional de Humedales: con cuatro escalas o categorías espaciales de Regiones de humedales (nivel 1); Sistemas de paisajes de humedales (nivel 2); Unidades de paisajes de humedales (nivel 3) y Unidades de humedal (nivel 4).

Interjurisdiccionalidad: para el caso de las regiones de humedales compartidos entre dos o más jurisdicciones, deberán elaborar el ordenamiento ambiental territorial en forma interinstitucional entre las autoridades de aplicación de cada jurisdicción.

Moratoria: entre la sanción de la ley y la inclusión de los humedales en el Ordenamiento Territorio, no se permitirá la realización de nuevas actividades ni la ampliación de las actividades existentes en los humedales y prohíbe toda intervención en los humedales sin previa aprobación de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Principios: restauración ecológica (recuperación de un ecosistema que ha sido dañado, degradado o destruido por acción de perturbaciones antropogénicas, con el propósito de restablecer las condiciones anteriores, su estructura y funciones naturales) y el principio in dubio pro natura (en caso de duda, las controversias deberán ser resueltas de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente) y el principio in dubio pro aqua (en caso de duda, las controversias ambientales y de agua deberán ser resueltas del modo más favorable a la protección y preservación de los recursos de agua y ecosistemas conexos).

Servicios ecosistémicos: reconoce la provisión de agua, el filtrado y retención de nutrientes y contaminantes y la provisión de alimentos, madera, medicinas, ornamentales, fibras y combustibles para la sociedad y la fauna silvestre y doméstica, entre otros.

Autoridad de Aplicación: a definir por el Poder Ejecutivo Nacional

Presupuesto: no podrán ser inferior al 0,3% del presupuesto nacional.

Con el dictamen de la comisión de Ambiente aprobado, luego deberá ser analizado por las comisiones de Agricultura y Ganadería; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y Presupuesto y Hacienda.

Otros temas tratados en Comisión

Además los diputados aprobaron el proyecto de autoría de Luis Basterra, actual Ministro de Agricultura de la Nación, presentado durante su gestión como diputados que propone regular desde la importación hasta la comercialización de productos fitosanitario y establece la receta de expendio obligatoria. El texto tuvo pequeñas modificaciones por lo que deberá ser devuelto a la comisión cabecera que lo trató, es decir, la comisión de Agricultura y Ganadería.

Para brindar precisiones, Ariel Martínez y Diana Guillen, subsecretario de coordinación política y la jefa de Gabinete de la cartera agraria, respectivamente, informaron se trata de “un proyecto en donde no solo el Senasa interviene en el proceso de los fitosanitarios sino que ahora salud y ambiente tiene una articulación directa con este tema”.

Sin embrago, la diputada Daniela Vilar (FDT-Buenos Aires), advirtió que en el debate en la comisión de Agricultura se acordó eliminar el principio precautorio del proyecto, punto no incluido en el dictamen, por lo que deberá modificarse el texto y deberá regresar a la comisión de Agricultura para ratificar lo pactado.

A propósito, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) y Federico Zamarbide (UCR-Mendoza) también detectaron una delegación incorrecta, por lo que adelantaron las disidencias, pero acompañaron el proyecto en forma general

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