Sin presencia del oficialismo, intendentes de diez provincias reclamaron por la eliminación del Fondo Federal Solidario y pidieron derogar el decreto; mientras que, trabajadores despedidos de la Secretaria de Agricultura Familiar del Ministerio de Agroindustria pidieron su reincorporación.

Convocados por las comisiones de Obras Públicas y Asuntos Municipales, que presiden Juan José Bahillo (Justicialismo-Entre Ríos) y Eduardo Bucca (Justicialismo-Buenos Aires), intendentes de diez provincias se lamentaron por el Decreto 756/18, que pone fin al fondo sojero. Las quejas fueron similares: una medida inconsulta, que no cumple con el Pacto Fiscal que acordaron las provincias y que pone en riego el federalismo.

Los intendentes de Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Jujuy, Salta, Entre Ríos, Tucumán, San Juan, Formosa, Catamarca, Santiago del Estero y Tierra del Fuego resaltaron que esos fondos eran utilizados para obras públicas y que su eliminación pone en riesgo las fuentes de trabajo locales.

El cierre, a cargo de Verónica Magario, intendente de La Matanza, quien hizo uso de la palabra en nombre de “todos los intendentes”, se quejó por “reducir la posibilidad de desarrollo, más aún en tiempos de crisis económicas” y exhortó a que la Cámara de Diputados convoque “una sesión especial urgente para declarar nulo o derogue el decreto”. La intención de la oposición es evitar que avance en la comisión bicameral de Trámite legislativo, comisión encargada de aceptar o rechazar los DNU.

Este 2018 el Congreso se convirtió en una caja de resonancia de la agenda social: desde los cuadernos  de las coimas hasta el aborto, pasando por la ley de extinción de dominio y la ley brisa. Pero la oposición también aprovecho el espacio para los reclamos del sector agro y así, durante los últimos meses, distintos diputados invitaron referentes de agricultura familiar y beneficiarios del monotributo social agropecuario a reclamar por las medidas del gobierno.

A continuación, el jefe del bloque del justicialismo, Pablo Kosiner (Salta), señaló que la eliminación del Fondo Federal Solidario “repercute directamente en la calidad de vida y en la fuente de trabajo de miles de argentinos” y fustigó: “Si el Gobierno no revierte la decisión, se generará una profunda crisis social que afectará el derecho público intrafederal”.

Mientras que, Agustín Rossi (FPV-PJ-Santa Fe) apuntó que “el  Gobierno decidió avasallar ahora a las provincias y municipios, una actitud claramente unitaria motivada por cumplir con el plan de ajuste que le impone el FMI, sin importar quien caiga”.

A continuación fue el turno de la comisión de Legislación del Trabajo, que conduce Sergio Ziliotto (Justicialismo-La Pampa), donde fueron invitados trabajadores de la Secretaria de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial dependiente del Ministerio de Agroindustria de la Nación, que fueron despedidos.

En general, los trabajadores señalaron la pérdida de la fuente de trabajo, que apunta a una reducción de un 50% de la planta en todo el país y la reducción de recursos que sufren los agricultores familiares, ya que necesitan de capacitación técnica. Según los ex empleados, este sector vulnerable que no puede esperar, sin la asistencia del Estado, producirían un 50% menos de lo que hoy producen.

Los diputados presentes de la oposición apoyaron a los trabajadores y prometieron acciones. Por su parte, Facundo Moyano (UNA-Buenos Aires) adelantó que presentará un proyecto de declaración de rechazo de los despidos y exigirá la reincorporación de los trabajadores despedidos. Mientras que, la diputada Gabriela Esteves (FPV-PJ-Córdoba) anunció un proyecto de ley para declarar la emergencia laboral de los trabajadores despedidos.

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