Fernando “Pino” Solanas convocó a una reunión de la comisión de Ambiente donde se presentaron distintos actores, públicos y privados. Algunos destacaron la urgente necesidad de avanzar con esta ley, mientras otros, señalaron que atenta contra actividades productivas locales. Según el INTA, el proyecto impacta en el 23% de la superficie del país, pero sólo el 12% es un humedal.

El primero en disertar fue el Ministerio de Ambiente que defendió la iniciativa y adelantó que es uno de los ejes que vienen trabajando. Desde la cartera medio ambiental, informaron que reunieron una Mesa intersectorial para generar un consenso sobre el proyecto, pero reconocieron que el texto consensuado en Senado tiene características similares al del ellos. Así apoyaron la iniciativa parlamentaria y sugirieron tres modificaciones: una Autoridad de Aplicación junto a un consejo consultivo, los fondos para lograr una efectiva aplicación de la ley y reducir el plazo para el inventario.

A su turno, desde el Ministerio de Medio Ambiente, Campo y Producción de San Luis presentaron  la experiencia provincial que permitió la recuperación de 10.000 hectáreas de los humedales de Guanacache. Con respecto al proyecto en cuestión, sugirieron algunos cambios: contar con una definición propia que sea un parámetro y no variable; los estudios de impacto ambiental deben decidirlos las Provincias y la pauta presupuestaria.

Desde el INTA, reconocieron que la ley es necesaria pero se mostraron muy preocupados. “Existen producciones tradicionales que se pueden ver limitadas por los humedales”, y consideraron que el proyecto no reconoce la existencia de las economías regionales que dependen de estos sistemas. Además informaron que el proyecto impacta en el 23% de la superficie del país, según un informe del Ministerio de Medio Ambiente.

Todos los humedales del país tienen sistemas productivos asociados y producen otros sistemas como tronco, leña y forraje, informaron desde el INTA. A modo de ejemplo, los técnicos confiaron que existe una agroindustria dependiente de los humedales: los Esteros del Iberá y el Delta, el Valle de Cuyo, los arroceros, la industria del papel, los muebles, la carne, el algodón, etc. A modo de conclusión adujeron que el proyecto “limita la actividad productiva y que en realidad debería promoverla”. Además imploraron para que se contemplen las producciones locales.

Luego el responsable del Departamento de Suelos del INTA Castelar manifestó que la cartografía de la Secretaria de Ambiente, referida al rubro suelos, considera humedal a un cuarto de la Argentina, pero según el INTA sólo el 12% del país puede ser considerado humedal. El motivo de la diferencia es que el proyecto considera ese enorme porcentaje como suelos hidromórficos, y, en realidad para el INTA, es sólo el 12%. El resto son suelos con leve hidromorfismo, denominados vulgarmente “Campos bajos”.

Representantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas – Departamento de Genética, Ecología y Evolución de la Universidad Nacional de Buenos Aires, resaltaron la “urgente necesidad” de que se sancione una ley por la importancia de los humedales para mitigar el cambio climático y sólo sugirieron reducir el tiempo del inventario. Luego, representantes del Centro de Ecología Aplicada del CONICET (Corrientes) hicieron foco sobre la definición del humedal y señalaron que la elasticidad es lo más conflictivo de estos sitios, porque la superficie que ocupa es lo que los define.

Pero también hubo lugar para las organizaciones civiles. Desde Greenpeace apoyaron este proyecto que ayuda a mitigar el cambio climático y a la producción agropecuaria e imploraron a evitar la dilación del mismo teniendo en cuenta la urgencia de las inundaciones. Fundación Humedales también dio el visto bueno y enfatizaron en la urgencia del inventario, como así también representantes de El Paraná no se toca. Fundación Vida Silvestre también apoyó la iniciativa.

Desde la Asociación Forestal Argentina, rechazaron el proyecto porque no concibe la producción, en particular, la actividad forestal, que se ubica en la zona de mayor cantidad de humedales. “Una ley así debe incluir un ordenamiento territorial urbano y rural”, y solicitaron que la ley sea clara para poder dar sustentabilidad a las actividades productivas.

Por parte de la Asociación de Productores del Delta comentaron que el Estado realizó distintas obras en la zona para permitir la producción y la preocupación de ellos es que la ley no explicita estos lugares y va a terminar con esa actividad.

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