El proyecto de ley, que afecta a casi un cuarto del territorio continental argentino, está listo para ser tratado en el recinto del Senado.  Puede impactar en muchas producciones de todo tipo, que se verían limitadas o, directamente, prohibidas. Pero si se realizan cambios, puede ser el escenario para una legislación alternativa sustentable. Sin embargo, hoy se trata de una cuestión más política que técnica.

El proyecto para la conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales, sorpresivamente, alcanzó dictamen y se encendió la alerta: en caso de prosperar, la ley vigente contempla que un 23% del territorio argentino es un humedal y son acotadas las producciones asociadas que podrían seguir en pie.

Hoy, desde el punto de vista político, se presentan tres escenarios para el tratamiento del proyecto en la sesión del Senado de la Nación. Por un lado, si el proyecto obtiene orden del día, Fernando Solanas (Libres del Sur-CABA), que es el más interesado en que esta ley prospere, deberá negociar en la reunión de labor parlamentaria, donde se concentran todos los jefes de bloque del Senado, si puede ser incluido en la sesión. Se trata de una alternativa cien por ciento política, es un “tira y afloje”, que implica aceptar algunas iniciativas a cambio de que le sean tenidas en cuenta las propias.

Pero también es posible que, sin haberlo conciliado en labor parlamentaria, “Pino” proponga el tratamiento sobre tablas, donde necesita los dos tercios del cuerpo para que lo habiliten. Y es allí donde surgen los otros dos escenarios: o se sanciona o se rechaza. Pero para esta instancia, el senador porteño deberá tejer alianzas y ver si le dan los números. En cualquier caso, las probabilidades de que el proyecto sea aprobado en el Senado tal cual fue presentado no son altas, pero eso tampoco puede ser descartado.

El proyecto ha sido objeto de diversos cuestionamientos, relativos a que se basa en una definición de humedales excesivamente amplia, incorporando los suelos hídricos o que tienen rasgos hidromórficos, no establece parámetros de superficie y permanencia, no distingue entre PROTECCION (restricción total de uso) y CONSERVACION (uso condicionado), no asigna presupuesto alguno para administración y compensaciones y otras posibles fallas. Muchos estiman que, de prosperar, la ley sería de difícil aplicación, daría lugar a una alta litigiosidad y no resultaría muy efectiva en la preservación del ecosistema, algo parecido a lo que ha ocurrido con la Ley de Bosques. Realmente, así como está concebido, hay quienes consideran que representa un verdadero peligro.

Sin embargo, parece haber consenso sobre la necesidad de elaborar una ley que combine la adecuada preservación de los humedales con la atención a los aspectos social y económico de la cuestión, brindando un marco permanente de utilización racional y sustentable. Sería deseable que la política lograse transformar este eventual peligro en una verdadera oportunidad.

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