En la segunda jornada “Hacia una Ley Nacional de Humedales”, organizada por la comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, representantes del sector productivo y académico hicieron sus aportes al proyecto de Ley de Humedales y resaltaron la posibilidad de producir en los humedales, bajo prácticas sustentables. La comisión que preside el oficialista Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires) continuará recibiendo especialistas.

Hace dos semanas que el debate de la ley de humedales se instaló en la agenda parlamentaria, a partir de la presentación de un total de 10 proyectos de ley: 7 proyectos en Diputados y 3 en el Senado. A la presentación de estas iniciativas, tanto por parte del oficialismo como de la oposición, se sumaron las jornadas informativas en paralelo en la comisión de ambiente de ambas cámaras.

En la Cámara Baja, la comisión está presidida por el oficialismo y en la Cámara alta por la oposición y, en ambos casos, los presidentes presentaron proyectos de ley de presupuestos mínimos; solo que la iniciativa de Grosso propone un régimen penal, por lo que incluye un giro más del habitual, a la Comisión de Legislación Penal.

Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), titular de la comisión, dio inicio a la charla informativa y expresó la intención de abordar la producción “sobre y en los humedales”. A continuación, dio lugar al bloque de representantes productivos.

Se hicieron presentes referentes del INTA quienes aseguraron tener una “mirada que busca erradicar la opinión que implica disociar la conservación de la producción”.

Miguel Ángel Taboada, ingeniero agrónomo, magister en ciencias del suelo y referente del INTA. Taboada habló de tres ejes principales: primero, la importancia de los humedales como recursos estratégicos en la lucha contra el cambio climático como medio de obtener carbono y capitalizarlo, principalmente por parte de los locales.

En segundo lugar, sobre la definición de humedal entendido como suelo hídrico, lo que en Argentina representa el 12% del territorio continental (no como muchas veces se dice que es el 23%, es decir una quinta parte del país sería considerada un humedal). “La definición es suelo hídrico, no suele hidromórfico”.

Y, en tercer lugar, sobre la “gobernanza de los humedales”. A propósito señaló que desde el INTA se defienden los intereses tanto de la producción como los de la población, por lo que aprueba las producciones sustentables y los locales que hacen uso de los humedales.

Para concluir, dijo que la forma de gobernanza debe ser participativa y que no solo debe estar presente el COFEMA, sino también el Consejo Federal Agropecuario, “es necesario escuchar todas las voces”.

También se presentó José Volante, del grupo Humedales del INTA, quien se refirió al compromiso de la institución con el estado del medioambiente: “hay un proyecto puntual para humedales con dos componentes: por un lado, mapeo para la localización de áreas que pueden tener la posibilidad de ser un humedal (lo que llamó mapa nacional de hallazgos de humedales) y, por otro lado, buenas prácticas, lo que implica la gestión integrada de cuentas, dinámicas de uso de suelo, integración de napas con sistemas productivos, monitoreo de actividades agropecuarias, entre otras cuestiones”, explicó.

Jorge Temporetti, de Federación Agraria Argentina (FAA), quien destacó el trabajo sobre el tema hídrico que viene realizando la entidad gremial desde el 82’. Es por esto que explicó lo “imprescindible” de la protección a los humedales a nivel nacional. Sobre las quemas dijo que existe una ley pero que no se aplica y que los productores no son quienes están encendiendo el fuego.

A continuación, Adrián Mendizával, de Asociación Forestal Argentina (AFOA), explicó que desde la institución desarrollaron un manual de buenas prácticas ya que su principal interés es el cuidado del medioambiente y la biodiversidad. “Es fundamental la participación de los actores socioeconómicos sobre cualquier legislación que se quiera implementar y nosotros queremos mostrar la sostenibilidad de nuestros emprendimientos”, concluyó.

Luego expuso José Jacosen, Presidente de la Cooperativa de Productores del Delta, quien habló desde su lugar como productor y dijo que en caso de que haya una normativa que afecte a los isleños, se debe abrir la participación a todos. También hizo referencia a que el culpable de los incendios es el abandono en el que se encuentran algunos terrenos: “lo único que va a parar estos incendios es la producción”, declaró.

Del encuentro también participaron representantes del Pueblo Guaraní de Corrientes, en este caso se destacó la voz de Miriam Sotelo, quien hizo énfasis en que, para ellos, la protección de la naturaleza nunca fue un problema, pero que ahora son los legisladores quienes deben proteger la vida de estos pueblos.

En la misma línea presentó Ana Fiol, de Taller Flotante y Orilleras Río Feminista, quien enfatizó el rol protagónico que tienen que tener las poblaciones isleñas, su modo de producción y de vida, en la legislación.

Por su parte, Emilio Spataro, Coordinador del Programa de Bosques y Biodiversidad, señaló que la causa principal por la que no hay una ley de humedales son los intereses políticos que la bloquean. “No hay antagonismo con la producción, hay antagonismo con la renta”, discutió.

También estuvo presente Fernando Miñarro, quien ya había expuesto en la primera charla en la Comisión de Ambiente en el Senado, licenciado en ciencias biológicas y especialista en ecología, que se refirió a la necesidad de regular producción que produce la pérdida y la degradación de estos ecosistemas. “Tenemos la posibilidad de frenar la conversión y revertir la degradación con la implementación de buenas prácticas que ayuden a compatibilizar la actividad productiva con el uso sustentable del suelo”, reveló, y agregó la importancia de tener en cuenta la “capacidad de carga” que se puede implementar en cada superficie.

También destacó a la necesidad de una ley integral de ordenamiento territorial argentino. “Es decir que la ley de humedales es parte de algo más grande, tenemos que prevenir que los impactos se corran de una región a otra del país”, dijo.

A continuación, Marcial Bugnon, ingeniero agrónomo, magister en desarrollo local, y productor agropecuario del noroeste de Santa Fe habló sobre la posibilidad de producir carne de forma compatible con la conservación de los ambientes, “con técnicas que incluso mejoran la producción”.

Después, Patricia Kandus, docente e investigadora de la Universidad de San Martin (UNSAM), habló de la conservación como política de desarrollo sustentable y la importancia de producciones sostenibles que no tengan como finalidad miradas sectoriales o cortoplacistas.

“El problema no es que se usen los humedales, el problema es cómo se usan estos espacios”, explicó Kandus. Y concluyó que una ley de presupuestos mínimos, enmarcada en políticas publicas hacia el bien común, que implique el uso sostenible y practicas sustentables compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad y las funciones de estos ecosistemas particulares, en un marco de gestión y articulación federal, será sumamente provechosa.

“Las leyes presentadas deben revisar conceptos que tienen una mirada estática de la gestión plasmada en la semaforización y que no comprenden el papel del ecosistema en el paisaje”, dijo.

Roberto Bo, biólogo, habló de cambiar la visión “antagónica” entre producción y humedales al proponer hablar de “conservación” ya que es un concepto más amplio que implica preservación, restauración y uso sustentable. “La capacidad natural de recuperarse que tienen los humedales no es infinita, debemos preservar su identidad”, explicó.

También se refirió a la definición ya consensuada y adoptada por el COFEMA y sobre la pregunta de si se puede o no realizar actividades productivas, dijo que siempre y cuando se adapten al funcionamiento ecológico del humedal y no al revés -es decir que el humedal se adapte a los usos humanos-.

Para terminar la jornada, Leonardo Grosso indicó que la próxima semana se llevará a cabo otro encuentro y que desde la comisión están tratando de cumplir con el compromiso de escuchar todas las voces para establecer un proyecto de presupuestos mínimos en conjunto.

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