Además de resistir la presión tributaria, la agroindustria debe insistir en la asignación eficiente de los recursos del Estado en cuestiones primordiales: el desarrollo productivo, el arraigo y calidad de vida en el interior y la promoción comercial de los productos. En el Presupuesto sancionado en 2018, sólo el 10% del desembolso público es inversión.

La agroindustria focaliza siempre su discusión sobre el presupuesto público en el rubro Ingresos para evitar, con discutible éxito, una mayor presión impositiva. Y eso es entendible si se ve como un mero contribuyente. Pero, si se asume como lo que es, un agente económico clave para la Argentina, debe empezar a discutir qué rol le cabe al Estado como promotor de su desarrollo. Para ello, es necesario saber: cuánto, en qué y cómo gasta los recursos del Estado.

Un estudio de Fundación Producir Conservando y la Universidad Nacional de La Plata realizado en 2007 arrojó que la agroindustria genera el 40% del aporte tributario total que recibe el Estado. Posiblemente hoy ese porcentaje sea aún mayor. ¿Y elEgreso?

El Gasto Público Total -sumados Nación, Provincias y Municipios- según un estudio reciente de Fundación Barbechando y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) es de 6 billones (millones de millones) de pesos: la Nación administra el 60,7% del gasto, las provincias el 31,7%, y los municipios el 7,6% restante. Este monto, que representa el 43,6% del PBI, incluye 65% de gasto social, principalmente destinado a educación, salud y jubilaciones.

Para identificar cuáles son los recursos que asigna el Estado a la comunidad agroindustrial, definimos cinco categorías que la conforman:

  1. Comunidades del interior y la vida rural
  2. Infraestructura y Fondos específicos
  3. Funciones pública de regulación     
  4. Investigación y extensión
  5. Promoción y desarrollo comercial en mercados internos y externos

La suerte de las comunidades del interior y de la producción agroindustrial son dos caras de la misma moneda. No hay empleados capacitados si no hay vecinos formados, y no hay empleos si no hay empresas que agreguen valor en origen y ocupen el territorio.

Todo dinero dedicado a mejorar la calidad de vida y el arraigo en el interior, con escuelas, hospitales y caminos rurales en condiciones, es, en el corto y mediano plazo, a favor de la Comunidad Agroindustrial.

Los municipios y los gobiernos provinciales son los grandes actores: en nuestro país, cerca de 18 millones de personas viven en municipios de menos de 100.000 habitantes, donde la actividad agroindustrial es predominante. Esos vecinos deben ser nuestros principales aliados a la hora de reclamar políticas públicas para el desarrollo del interior.

La infraestructura, que provee energía y comunicación a la producción agroindustrial, es la más evidente y asociable a mejoras en la eficiencia general: autopistas al interior, ampliación de vías férreas y navegables, caminos rurales, accesos multimodales a zonas portuarias, manejo hídrico, nuevas zonas de riego, extensión de redes de fibra óptica. En este tipo de inversiones multimillonarias, el Estado nacional es el principal actor, como inversor directo, o fomentando la inversión privada a través de sistemas de Participación Público Privada.

En paralelo, los fondos específicos, como los de emergencia o mitigación de riesgos, o fondos de promoción, como el tabaco y la yerba mate son otros de los recursos que destina el Estado para la mejora en la producción

La escasa inversión proyectada para 2019, que sólo representa el 10% del Presupuesto, hace necesario recurrir a la inversión privada a través de proyectos de PPP, aunque éstos necesitan de un marco jurídico y macroeconómico estable para su desarrollo.

La regulación y el control de la producción agroindustrial la ejercen los tres niveles de estado: nacional, provincial y municipal. En el nivel nacional, Senasa y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, concentran el grueso del presupuesto agroindustrial, mientras que la relevancia de la Secretaría de Agroindustria está dada por fijar políticas relativas a la producción, y no por el presupuesto que gestiona.

El presupuesto del Senasa es equivalente al presupuesto de la Secretaria de Agroindustria, excluyendo Cambio rural y Agricultura familiar.

En investigación y extensión, el rol del Estado es primordial para el desarrollo de la actividad agroindustrial: INTA y proyectos específicos de CONICET, INTI y otras Fundaciones, son los principales actores; además de organismos provinciales como Centro de Validación de Tecnologías Agropecuarias en Formosa y Chacras Experimentales en Buenos Aires, entre otros.

Con 1300 variedades vegetales y 126 especies registradas, INTA permite el desarrollo de la industria nacional como un actor relevante en el mercado agropecuario.

Por último, en la promoción de los productos agroindustriales en el país y en el exterior, aunque la iniciativa privada lidere la inversión, el Estado, a través de su servicio diplomático, la Secretaría de Comercio Exterior y Senasa, tiene una función indelegable en la colocación de productos.

En el último año se abrieron 165 mercados para producciones agropecuarias, en especial de cereales, pesca y ganadería.

En términos generales, podemos destacar que:

  • La agroindustria genera el 40% de los ingresos tributarios, aporte suficiente para que el Estado tome la decisión de invertir en la comunidad agroindustrial.
  • La Comunidad agroindustrial debe asumir el Presupuesto, es decir, la asignación de los recursos públicos, como una herramienta fundamental para su desarrollo.
  • Es fundamental contar con información completa de los presupuestos provinciales y municipales para mejorar el control y la eficiencia del gasto, a través de indicadores.
  • La jefatura de Gabinete, a cargo de los PPP, y los municipios son los organismos que administran mayores recursos que afectan a la Comunidad agroindustrial.

El análisis del presupuesto y la incidencia en la asignación de los recursos deben ser parte de la agenda pública nacional: como mayores aportantes tributarios, tenemos el derecho de hacerlo; como representantes de los intereses de los productores y sus comunidades, tenemos ese deber.

(*) Es economista y Presidente de Fundación Barbechando

(**) Es economista y ex Presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)

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