Hoy, en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que tenía como objetivo el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia enviado por el Poder Ejecutivo que disponía la derogación del DNU que proponía la “intervención temporal por 60 días” de la empresa Vicentin. Desde el oficialismo hablaron de obstrucción y desde la oposición de “improvisación” e inconstitucionalidad. 

Marcos Cleri (FDT-Santa Fe), presidente de la Comisión, dio comienzo a la reunión e indicó los principales puntos por los cuales su bloque estaba de acuerdo con la decisión del Presidente de la Nación de derogar el DNU que proponía la intervención de una “empresa muy importante para el desarrollo económico de la Argentina”.

“Con la intervención buscábamos una solución sustentable en el tiempo que sirviese tanto a los acreedores, productores, trabajadores, como al Estado Nacional y al sistema financiero nacional e internacional”, explicó Cleri y agregó que la principal razón por la cual no se procedió fue la obstrucción por parte de los accionistas y por parte del Juez de Reconquista. 

En este sentido, hizo mención a la importancia de la conformación de la Comisión Bicameral Investigadora -iniciativa impulsada por el Senador Oscar Parilli (FDT-Neuquén), que aún no fue tratada en Diputados-.

 

Qué dijo la oposición

Pablo Tonelli (PRO-CABA) reconoció los objetivos del DNU de intervención eran loables, aunque el método carecía de legalidad y constitucionalidad. “Los únicos que tienen facultad para intervenir una sociedad comercial son los jueces, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo”, explicó Tonelli. Y destacó que los únicos antecedentes en esa línea fueron realizados por presidentes de facto y por Cristina Kirchner con el caso Ciccone e YPF.

“Los fundamentos por los cuales se deroga el DNU no son los adecuados; el juez lo único que hizo fue restituir la esencia misma de la división de poderes que había sido avasallada por el Presidente. Tienen que entender que el fin no justifica los medios“, concluyó.

A continuación, el diputado Bruno de Marchi (PRO-Mendoza) mencionó la situación actual por la que está atravesando el país en donde hay una fuerte carrera de inversión pública pero que tiene como única fuente de financiación la emisión: “no estamos generando el clima propicio para las inversiones extranjeras, no van a llegar si nos la pasamos improvisando”

También se refirió a cuestiones formales sobre la constitución de la comisión ya que no se habían respetado las 48 horas previas para convocar al cuerpo así como hizo notar la paradoja en la que se trataba un DNU que derogaba otro DNU que, “pese a los pedidos de nota formal, nunca se lo consiguió para su análisis y posterior tratamiento”

Por su parte, Gustavo Menna (UCR-Chubut), se refirió al decreto de intervención y señaló que “la ocupación momentánea no era real; proponía el desplazamiento del órgano de administración y la incorporación de interventores designados por el Poder Ejecutivo Nacional”, explicó Menna.

El chubutense también se refirió a la liviandad con la que “algunos cuestionaron el proceder del juez”, además de destacar que hay una vocación por parte del oficialismo de entrometerse en los demás poderes y sus facultades. En la misma línea, también argumentó que se estaba poniendo en juego el federalismo al inmiscuirse en el poder judicial de una provincia autónoma, como Santa Fe.

Por último, Luis Petri (UCR-Mendoza), comparó el DNU de intervención con la ley de concursos y quiebras por la que en verdad se debería haber regido el procedimiento. “Hay muchos artículos de la constitución que fueron comprometidos y violados, y esto es intolerable”, declaró Petri.

También se refirió a los argumentos por los que el Presidente había decidido dar marcha atrás, entre ellos la mencionada obstrucción: “Alberto Fernández dejó en claro que dio marcha atrás porque la ciudadanía no lo apoyó, porque él creyó que lo iban a aplaudir pero no fue así porque la gente no apoya la violación del federalismo o la división de poderes”.

Para finalizar, el legislador también se refirió al funcionamiento de la Comisión que “debería cumplir la ley y no tratar de forma arbitraria -y caprichosa- los DNU que emite el Ejecutivo” 

 

Qué dijo el oficialismo

María Teresa González (FDT-Formosa) inauguró el discurso oficialista dejando en claro que el crecimiento exponencial que tuvo la cerealera fue por el “festival de préstamos” que le otorgó el Banco Nación y que si no se conocen los pasivos reales de la empresa, es imposible sostener la intervención.

Por su parte, Pablo Yedlin (FDT-Tucumán), chicaneó a la oposición y recordó cuando desde Juntos por el Cambio se dijo que la intervención sería la punta del iceberg que convertiría a la Argentina en Venezuela: “nos acusaron de comunistas, pero nosotros solo queríamos apoyar a Vicentin; el plan de Gabriel Delgado era muy bueno”

La tercera en hablar fue Lucía Corpacci (FDT-Catamarca) quien se refirió a la “gran estafa de Vicentín al Banco Nación” y cómo el banco, pudiendo cobrar las deudas que tenía con la empresa, miró hacia otro lado.

“Si a todos nos preocupa la República y el país, tenemos que ponernos de acuerdo en que hay que investigar lo que pasó entre Vicentin y el Banco Nación”, manifestó Corpacci.

El cierre estuvo a cargo de Anabel Fernández Sagasti (FDT-Mendoza) quien aseguró el decreto no era ilegal ni inconstitucional y que tenía como únicos objetivos “preservar las fuentes de trabajo y apoyar a quienes habían sido estafados por Vicentín”.

También hizo mención al proceso de “evasión, vaciamiento y fuga de divisas” que está llevando a cabo la empresa, entre otros delitos que deben ser investigados. “Hay bancos internacionales que también denunciaron el lavado de activos”, explicó Fernández Sagasti.
Sobre la decisión del Presidente, la senadora lo defendió y dijo que las cosas cambiaron radicalmente en este último mes y medio, además de la clara obstrucción por parte de la empresa y del juez, quien la semana pasada le había dado a Vicentín 40 días hábiles más  para presentar el balance del último período.

 

Pasos a seguir
Después del dictamen favorable por parte de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, el DNU 636 que prevé la derogación del Decreto 522, debe ser considerado por el Congreso para su aprobación o rechazo final.

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