Diputados dio media sanción al proyecto de reforma de la ley de manejo de fuego, impulsado por el presidente de la bancada oficialista, Máximo Kirchner (FDT-Buenos Aires), con el objetivo de «terminar con los incendios intencionales producto de la especulación inmobiliaria y financiera». El proyecto fue aprobado por 132 votos afirmativos, 96 negativos y 4 abstenciones. La oposición señaló que se trata de una norma regresiva y que no diferencia entre incendios intencionales y accidentales.

En medio de una álgida discusión, Leonardo Grosso (FDT-Buenos Aires), presidente de la Comisión de Recursos Naturales, defendió eufóricamente el proyecto, consecuencia de que la “Argentina ardió en llamas y era necesario tomar una decisión política para ponerle fin a los negocios”. En este sentido, acusó a Juntos por el Cambio y dijo que es incompatible ser de ese espacio y ambientalista, dichos que fueron rechazados a los gritos por los legisladores de la bancada opositora.

Desde el Interbloque Federal para el Desarrollo, su presidente, José Luis Ramón (Mendoza), coincidió con Grosso y arremetió contra “emprendimientos inmobiliarios y agrícolas que agravan la situación del medio ambiente”. “No podemos permitir todo aquello que se les venga en gana”, concluyó.

La diputada Daniela Vilar (FDT-Buenos Aires) aludió a la especulación inmobiliaria y alertó sobre “la pérdida de humedales, con lo que eso significa”. En cuanto al proyecto, justificó que se trata de una medida de prevención de los incendios especulativos. “A esta altura, es evidente que no se puede pensar en una política ambiental que esté desligada del modelo productivo, del modelo económico y del modelo social”, explicó.

Desde la oposición, Brenda Austin (UCR-Córdoba), vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales, y miembro informante del dictamen de minoría, cuestionó la norma por considerarla regresiva, en perjuicio del ambiente, sobre todo de los bosques nativos. Además, destacó que para enfrentar los incendios se necesita presupuesto, previsión e institucionalidad “y nada de eso aporta la norma”.

En cuanto a la propuesta de prohibir el cambio de uso de suelo, explicó que, por ejemplo, “ante un incendio accidental, el propietario de un campo no sólo debe lidiar con las pérdidas ocasionadas por la naturaleza, sino que no puede disponer del uso del suelo para otra actividad productiva que pudiera cubrir las pérdidas ocasionadas por el fuego; sin duda alguna es un avasallamiento al derecho de la actividad privada”

A continuación, Maximiliano Ferraro (CC ARI-CABA), señaló: «compartimos la agenda vinculada a la temática ambiental pero este proyecto no otorga una mayor protección al ambiente, sino que mete todo en la misma bolsa, no separa incendios accidentales de los intencionales, buscan legislar sobre cenizas».

Por su parte, Graciela Camaño (Buenos Aires), referente de Consenso Federal, respaldó el proyecto de ley y aseguró que el objetivo es resguardar la recomposición del suelo, que van en línea con el Artículo 41 de la Constitución Nacional que fija condiciones mínimas para su resguardo. Finalmente, en respuesta a las críticas realizadas desde la oposición dijo que “no se estaban bajando los niveles de protección al ambiente sino que se los garantiza».

 

La votación

La iniciativa fue aprobada por 132 votos (Frente de Todos y legisladores de Interbloque Federal y Unidad Federal para el Desarrollo) y 96 votos negativos por parte de la oposición, la aliada justicialista Beatriz Ávila (Tucumán) y Alma Sapag del Movimiento Popular Neuquino.
Por otro lado, 4 legisladores se abstuvieron: Alejandro “Topo Rodríguez” (Consenso Federal-Buenos Aires), 2 integrantes del PRO (Gabriel Frizza, Córdoba, y Sebastián García de Luca, Buenos Aires) y un aliado de la oposición Humberto Orrego (Producción y Trabajo-San Juan).

 

Qué dice el proyecto

El proyecto que modifica la Ley 26.815 de manejo del fuego expresa que no se puede cambiar el uso de zonas para emprendimientos inmobiliarios o cualquier actividad agrícola que sea diferente al empleo y destino que la superficie tuviese como habitual al momento del incendio.

En caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales, el uso de suelo no podrá ser modificado por 60 años hasta que el área tenga garantizadas las condiciones para la restauración. En esos plazos «no se podrán realizar en los bosques naturales o implantados la división, subdivisión, loteo, fraccionamiento o parcelamiento, total o parcial, o cualquier otro emprendimiento inmobiliario, distinto al arrendamiento y venta, de tierras particulares».

En el caso de que se trate de una zona agrícola, se impone una limitación de 30 años, en los cuales tampoco se podrá «hacer cualquier actividad agrícola que sea distinta al uso y destino que la superficie tuviera al momento del incendio».

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