Senadores -en su mayoría oficialistas- integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobaron, sin aceptar modificaciones, el proyecto de ley que regula el teletrabajo, proveniente con media sanción de la Cámara de Diputados. Todo indica que se convertiría en ley en la próxima sesión. Desde la oposición, se tildó a la decisión como una “mala señal”.

En la última reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, presidida por Daniel Lovera (FDT – La Pampa), el oficialismo avanzó con el dictamen del proyecto que propone regular el teletrabajo, pero sin aceptar ninguna de las modificaciones propuestas por la oposición durante el debate.

“Nuestro bloque decidió avanzar con el proyecto y que sea el Poder Ejecutivo, dentro de las reglamentaciones, el que lo mejore si hace falta», justificó Lovera.

Desde la oposición, Gladys Gonzales (PRO – Buenos Aires) insistió en rever los artículos del proyecto que más dudas les generaban, pero al  no recibir respuestas, anunció que  desde el interbloque avanzarían con un dictamen de minoría.

Por su parte, Julio Cobos (UCR – Mendoza), apoyó a Gonzales y explicó que su bloque no pretende que la totalidad de las modificaciones sean tomadas, pero que al existir un plazo de noventa días para poner en práctica estas medidas, se puede hacer lugar a un tiempo para la reflexión.

En apoyo al senador mendocino, Esteban Bullrich (PRO – Buenos Aires) señaló: “No hay apuro. No entiendo por qué no podemos hacer las modificaciones para mejorar el proyecto. Creo que es una muy mala señal por parte del Senado” y agregó “esta Cámara debe mejorar las cosas que recibe y no simplemente aprobar”. El bonaerense también se encargó de remarcar que el teletrabajo en Argentina ya encuentra competencia en países como Chile y Uruguay, porque los límites territoriales se desdibujaron.  “Esta ley es una herramienta que tenemos para enfrentar un futuro incierto”.

Otra de las disconformes fue la vicepresidenta de la comisión, María Belén Tapia (UCR – Santa Cruz), que tituló el encuentro como “el consenso que no fue” y dijo que “es triste fingir que nos escuchamos pero en no suceda en la práctica”.

Por el oficialismo, Ana Almiron (FDT – Corrientes) explicó que el contexto actual de pandemia obliga a emitir la norma de forma rápida y destacó que la iniciativa cuenta con apoyo mayoritario en diputados. “Hay un gran esfuerzo de todas las trabajadoras y todos los trabajadores y me parece que este es el respaldo legal que les tenemos que brindar”, remarcó.

Finalmente, Daniel Lovera enfatizó que “la media sanción hace una regulación de carácter general, dentro de la Ley de Contratos de Trabajo” y que serán las negociaciones colectivas las que “definan cada una de las particularidades ”.

 EL APORTE EMPRESARIO

Del encuentro participaron referentes del sector empresario y, a pesar de que el dictamen estaba ya previamente definido, señalaron por qué consideran que el proyecto necesita modificaciones, pero tampoco se los escuchó.

Entre los invitados estaba el Vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, que apoyó la reglamentación del teletrabajo como forma de palear la informalidad laboral que existe, y consideró que debe servir de marco para fomentar convenios y contratos generales entre los espacios concretos.  

Brenda Puig, líder de la red de abogados de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina) dijo que esta ley trasciende la pandemia y que puede ser una gran herramienta para generar más y mejor empleo. Enumeró los beneficios que traerá la regulación como la federalización del trabajo y la reducción de costos en infraestructura para PYMES, pero también señaló la importancia de corregir artículos como el de la reversibilidad.

El Director Ejecutivo de Argencon, Luis Galeazzi, también apoyó la modificación del artículo de reversibilidad al cual tildó de “exagerado” por proponer que puede ser de manera unilateral. “Esta ley tiene formas que son impracticables”, dijo y agregó: “se la votó de forma precipitada y no da ventajas, tampoco beneficios”.

De la sesión también participaron Marcela Dávila, del grupo de entidades empresariales de Córdoba; Pablo Deluca, de ADEPA; Leo Bilanski, de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino y Ramiro Albrieu, del CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento).

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