El proyecto de ley, venido en revisión de la Cámara de diputados, y sobre el que no se permitieron modificaciones en la comisión de Trabajo en Senado, fue aprobada con 40 votos a favor del Frente de Todos y 30 votos en contra de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y Juntos Somos Río Negro (común aliado del oficialismo).

La nueva norma que fue aprobada ayer en el Senado comenzará a regir 90 días después de finalizado el aislamiento social, preventivo y obligatorio, con el objetivo de que los “empleadores puedan adecuarse al nuevo marco normativo”.

Mientras que algunos afirman que se arruinó el teletrabajo en la Argentina y que la nueva ley no tuvo en cuenta los pedidos del sector empresario -sobre todo de las Pymes, a quienes más perjudica-, otros lo consideran un piso mínimo de derechos para el trabajador bajo la modalidad online, además de ser una “ley postergada desde hace 12 años”

Los puntos cuestionados

  • Las personas que trabajen bajo la modalidad de teletrabajo gozarán de los mismos derechos y obligaciones que quienes trabajen bajo la modalidad presencial: la remuneración no podrá ser inferior a la que se percibe bajo modalidad presencial y la jornada laboral deberá ser pactada con anterioridad. 
  • El empleador no puede contactar al empleado por fuera de la jornada laboral, o durante licencia: derecho a la desconexión digital. 
  • Quienes acrediten el cuidado de personas menores de 13 años, discapacitados o adultos mayores, tendrán derecho a horarios compatibles con dichas tareas. 
  • El cambio de una posición de trabajo presencial a uno de teletrabajo es voluntario, debe pactarse por escrito y puede revertirse en cualquier momento.
  • Los medios necesarios para realizar el trabajo de forma remota deben ser proporcionados por el empleador, así como también deberá capacitar a sus trabajadores en el uso de nuevas tecnologías. 
  • Los trabajadores tendrán derecho a la compensación por mayores gastos en conectividad y/o servicios. 
  • Limita el contrato de personas que residen en el exterior, para lo que se requiere autorización del Ministerio de Trabajo. 

El debate en Senado

En la Cámara alta, la comisión de trabajo y Previsión Social se reunió en dos ocasiones. Del primer encuentro participó el Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, además de referentes de la CTA y CGT quienes afirmaron que el objetivo de la ley es “achicar las asimetrías de quienes tienen el capital y de los que solo tiene su capacidad física e intelectual”. Durante esta primera reunión, el oficialismo aceptó analizar propuestas de cambio.

Sin embargo, durante el segundo encuentro, se avanzó en un dictamen que no tuvo en cuenta los reclamos de la oposición ni los aportes del sector empresario quienes, en su mayoría, se refirieron a la reversibilidad.

Durante la sesión especial, Luis Naidenoff, arremetió contra el Frente de Todos quienes “tienen una mirada sesgada” sobre el tema, además de que en el afán de querer arremeter y avanzar, “falta sentido común”. Por su parte, Mariano Recalde, defendió el proyecto al considerarlo “una ley sana, que garantiza derechos que ya existen pero que, si no se respetan, el país podría retroceder 100 años”.

El debate en Diputados

En Comisión, desde el oficialismo se habló de regular una actividad que se desenvuelve dentro de un “vacío legal” y que, pasada la pandemia, seguiría incorporando afiliados. Mientras que, desde la oposición, se presentaron dictámenes de minoría y remarcaron que no se entendía el por qué del apuro en sancionar una ley tan importante que requería de un estudio pormenorizado para no contraponerse a la ley de trabajo ya existente, además de la necesaria conciliación con los diferentes sectores que involucra.

Una vez en el recinto la iniciativa fue aprobada con 214 votos, uno negativo y 29 abstenciones. Al igual que en comisión, pese a las objeciones, el oficialismo no aceptó modificaciones.

 

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