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¿CÓMO SERÍA EL PROCESO LEGISLATIVO PARA LA INTERVENCION Y LA EXPROPIACION DE VICENTIN?

Escrito por Florencia Ricchiuti

9 Jun, 2020

Ante una jugada que dividió aguas, Alberto Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para intervenir la compañía cerealera Vicentín, además de presentar en el Congreso un proyecto de ley de expropiación.

Mientras que la oposición ya había advertido que el famoso acuerdo de que no se tratarían proyectos que no estuviesen relacionados con la pandemia había finalizado, la expropiación de Vicentín cayó como un balde de agua fría.

El tratamiento del DNU

Por un lado, el Decreto de Necesidad y Urgencia -DNU- establece que la compañía sería intervenida por un plazo de 60 días y designa a Gabriel Delgado  y a Luciano Zarich, como interventor y subinterventor respectivamente, quienes tendrán a su cargo las facultades que el Estatuto de la compañía confiere a su Directorio y a su Presidente.

Ese DNU, que fue publicado esta mañana, deberá ser analizado por la Bicameral de Trámite Legislativo que preside el diputado santafesino Marcos Cleri, donde el oficialismo cuenta con dos votos de diferencia, a su favor.

Luego, el DNU será tratado en el Senado donde el oficialismo, no sólo tiene garantizado el quórum, sino también la aprobación de la iniciativa, ya que cuenta con 41 votos propios (se aprueba por mayoría simple y con el aval de una de las dos cámaras), con posibilidad de ampliarse un poco más, tomando en cuenta eventuales aliados.

 

El proyecto de Ley de expropiación

Por otro lado, el proyecto de ley que ingresará a la Cámara Alta, busca declarar a Vicentín de utilidad pública -para lo que debe fundamentar el porqué de dicha utilidad- y sujeta a expropiación para que pase a formar parte de un fondo fiduciario que administrará YPF Agro.

Sobre la suma que deberían abonar a fin de cumplirse el proceso expropiatorio, el articulado del proyecto borrador -aún no ingresó oficialmente- dice que esta sería saldada con la deuda que Vicentín registre ante el Banco de la Nación y la AFIP.

Además, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía, a contraer en el mercado local o internacional, “empréstitos y/o emitir títulos de deuda pública y/o monedas complementarias a fin de abonar los saldos correspondiente al proceso expropiatorio, si los hubiere”.

También se prevé la creación del “Fondo Fiduciario Agro Argentina”, “cuyo fiduciario y fideicomisario será el Estado Nacional y el Fiduciante de la empresa YPF, a través de YPF AGRO S.A.”

El debate en el Senado y su posible recorrido

No es casual que ayer, durante el anunció, estuviera presente la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti (FDT-Mendoza), mano derecha de Cristina Fernández de Kirchner, titular de la Cámara Alta, y quien fuera el alma mater del proyecto.

Sagasti es una senadora muy influyente dentro de los senadores del Bloque, además de ocupar una presidencia clave: la comisión de Acuerdos, donde se aprueban todos los pliegos de los jueces, entre ellos el que nomina a Daniel Rafecas como procurador general de la Nación.

El proyecto seguramente sea girado a más de una comisión. Si tomamos en cuenta la expropiación de YPF que pasó por las comisiones de Energía y Combustibles, Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, la expropiación de Vicentín podría seguir similar ruta: la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que preside Adolfo Rodríguez Saa (FDT-San Luis), Asuntos constitucionales con Marilin Sacnun (FDT-Santa Fe) a la cabeza y Presupuesto y Hacienda que comanda Carlos Caserio (FDT-Córdoba).

Es decir, el tratamiento en comisión y quienes están a cargo, terminan de definir su fácil debate y dictamen.

El recorrido y poroteo en Diputados

Con la media sanción casi asegurada en Senado, luego llega la réplica del tratamiento en Diputados. El recorrido en comisiones sería bastante similar: Agricultura y Ganadería a cargo del camporista, José Ruiz Aragón (FDT-Corrientes), Asuntos Constitucionales, que preside el ultra kirchnerista Pablo González (FDT-Santa Cruz), terminando con Presupuesto y Hacienda, en manos de Carlos Heller (FDT-Caba).

Otra vez, el oficialismo podrá manejar fácilmente el debate en comisión (posiblemente en un tratamiento conjunto del proyecto, en reunión plenaria), donde, el oficialismo también es mayoría, aunque con menor diferencia con la oposición, respecto del Senado.

En la Cámara Baja, el Frente de Todos cuenta con 119 diputados propios. Para que se habilite el debate de la expropiación -teniendo en consideración que el Interbloque de Juntos por el Cambio se opondría, según se deduce del comunicado publicado anoche-, hacen falta 129 diputados presentes.

Es decir, necesitan diez aliados más para asegurarse el quórum que habilite el debate y logren alzarse con la votación mayoritaria. Para eso, los Interbloques Federal (el Lavagnismo, con 11 diputados) y de Unidad Federal para el Desarrollo (8 diputados) serán claves para alcanzar la ocupación de esas diez bancas.

El bloque de Unidad Federal, que comanda José Luis Ramón (Mendoza) estaría adentro, más aún si contemplamos que el diputado Pablo Ansaloni (Buenos Aires) responde a Ramón Ayala, titular de Uatre, quien se expidió a favor de la medida anunciada por el gobierno.

Mientras tanto, en este tipo de proyectos de expropiación, el oficialismo se estaría asegurando los dos votos de la izquierda, que también ayudan a garantizar el quórum.

Por último, el interbloque Federal, que lidera Eduardo “Bali” Bucca (Buenos Aires), podría votar dividido, pero algún voto le garantizarían al oficialismo, permitiéndoles así, llegar a los 129 escaños que habilitarían el inicio de la discusión del proyecto en el recinto y su posterior aprobación por mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los presentes.

 

Sobre Vicentín

La empresa cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en las localidades santafesinas de Avellaneda, San Lorenzo y Ricardone, una división de producción de Biodiesel (Renova), otra textil que incluye desmotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, Vicentin Family Wines en Mendoza, además de acopio y exportación de Miel (Promiel), producción ganadera y sedes en Montevideo, San Pablo y Asunción.

Sobre la deuda de la cerealera, en total son 1.350 millones de dólares, de los cuales unos mil millones de dólares son con los bancos y otros trescientos cincuenta millones de dólares, con empresas del sector agrícola.

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