Hace poco más de una semana, escuchamos al Presidente de la Nación asegurar que la pandemia le daba la posibilidad a las autoridades de realizar reformas estructurales pero que, quedarse con parte de las empresas que asistían, era una idea inviable.

Sin embargo, todo cambió de un día para otro cuando, cuando el Presidente se sentó frente a las cámaras en Casa Rosada y, en conferencia de prensa, explicó cómo sería el procedimiento para la intervención y expropiación de una importante cerealera.

Mientras tanto, el acuerdo tácito entre oficialismo y oposición, que los mantenía en una especie de tregua virtual para tratar únicamente temas relacionados al covid19, se rompió; sin previo aviso, se había instalado una agenda paralela a la pandemia.

Ayer a primera hora, en el Boletín Oficial, el Estado argentino anunciaba la intervención de la empresa agroexportadora, lo que muchos juristas especializados tildaron de ser inconstitucional.

Una vez más, en 121 días de gobierno, nos encontramos ante la misma pregunta: ¿qué tipo de Argentina quieren construir? Así, la República va perdiendo nitidez entre acciones que poco tienen que ver con lo que dice nuestra Constitución Nacional.

Un Poder Legislativo avasallado por el uso abusivo de Decretos de Necesidad y Urgencia; el Estado Nacional que se arroga las competencias del Poder Judicial para intervenir una empresa privada en concurso; argumentos como “soberanía alimentaria” que resultan inconsistentes -además de carecer de entidad en términos técnicos formales-.

Jurídicamente hablando, la figura de una “intervención” es para empresas dentro del ámbito administrativo, y no es el caso. Por otro lado, la ley de expropiaciones se aplica a bienes de utilidad pública y hay que fundamentar para qué se hace. Por último, ¿cuántas empresas se encuentran en la misma situación que la agroexportadora? ¿harán lo mismo con ellas?

De esta manera, el Ejecutivo vuelve a quebrar el esquema básico de la división de poderes y hace un uso desmedido de los DNU como si fuesen leyes consensuadas por los 257 diputados y 72 senadores, quienes fueron elegidos por el pueblo para ser sus representantes.

Cuando se incumplen y distorsionan las prescripciones de la Constitución Nacional, que regula los derechos de todos los argentinos, el sueño futuro de la inmensa mayoría de tener una República democrática, con tres poderes que se controlan mutuamente, se reduce a la nada. Solo queda la inestabilidad, y los enfrentamientos de un país dividido. Así no hay progreso posible.

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