En la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados estuvieron presentes distintos referentes que dieron a conocer su posición con respecto al proyecto del Poder Ejecutivo. Todos coinciden en que es necesario un nuevo marco legal, pero hay diferencias respecto del uso propio, pago por la tecnología de la semilla y el control estatal. Gilberto Alegre reconoció presiones. La semana próxima asisten nuevos representantes, pero no habría Ley hasta 2017.

Con una sala completa y en un encuentro que se extendió durante más de tres horas, el titular de la comisión de Agricultura, el diputado Gilberto Alegre (UNA-Buenos Aires), abrió la jornada y reconoció: “Estoy presionado porque algunos están apurados porque salga y otros no”, pero enseguida aclaró: “Estoy dispuesto a trabajar para ver si se puede sacar”.

Estuvieron presentes representantes del Ministerio de Agroindustria, Acsoja (Asociación de la Cadena de Soja), Argentrigo, INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), Sociedad Rural Argentina (SRA), UBATEC (sociedad anónima constituida por la Universidad de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la Unión Industrial Argentina y la Confederación General de la Industria), AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola), FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina), ASA (Asociación de Semilleros Argentinos), Don Mario y Bioceres.

En representación del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria, Guillermo Bernaudo, defendió la iniciativa oficial –Expte 0030-PE-16– y auguró que el proyecto logre ser aprobado antes de la siembra de trigo.  Entre los objetivos, el funcionario detalló que el proyecto busca fortalecer el INASE, equilibrando la composición del Directorio entre los representantes públicos y privados y dotarlo de poder de control para que pueda fiscalizar el grano, y evitar así el control en puertos.

Pero Bernaudo también aclaró que el proyecto propone que, en un solo acto, se paguen todos los derechos de propiedad intelectual de la semilla, a un mismo proveedor. Por último, el tercer cambio es en torno al uso propio: donde varios productores se verán exceptuados, según la escala –además de los fitomejoradores-, y deberán abonar  por ese uso propio, por tres multiplicaciones tras la compra de la semilla.

A su turno, desde ACSOJA, Rodolfo Rossi, reconoció que tanto los productores como los obtentores sojeros “no encontraron solución” con el proyecto oficial y pidió que se reconozcan los mejoramientos tecnológicos de las empresas. En forma particular, desde la Asociación plantearon el pago por el germoplasma, fortalecimiento del INASE, pago de propiedad intelectual en semilla y semilla fiscalizada; y objetaron, respecto del proyecto de la cartera agraria, los años de multiplicación, el incremental y que sea declarado de orden público.

Desde Argentrigo, David Hughes, se mostró preocupado por “el marco regulatorio para el mejoramiento”, dado que la semilla es la que brinda la competitividad, y por eso propuso retribuir a los que aportan dinero y conocimiento a la misma. “Nos estamos quedando atrás”, apuntó y solicitó que se ayude a los semilleros a tener competitividad. Además pidió fortalecer el sistema tecnológico, capacitar científicos, el uso propio con excepciones, respetar la UPOV, mantener la excepción a los fitomejoradores, y no declarar la norma de orden público. Para terminar enfatizó la preocupación por la ilegalidad: “el 70% de la semilla de trigo es ilegal”.

Luego, desde el INTA, en representación de los fitomejoradores , defendieron la actividad creativa del mejoramiento vegetal y especificaron que el Instituto cuenta con más de 120 especies propias, y más de cien fitomejoradores. Y solicitaron que una nueva ley contemple el poder de control y de policía de la Autoridad de Aplicación, la variedad esencialmente derivada y no limitar el uso del obtentor.

Por las gremiales, desde SRA, plantearon la necesidad de retribuir la tecnología, pero objetaron que la norma sea declarada de orden público –porque consideran que se deben permitir los contratos entre privados- y mantener el uso propio gratuito, pero limitado a la cantidad de hectáreas. Mientra que, desde CRA, defendieron la Ley de semillas vigente porque “permitió el crecimiento de Argentina” y reconocieron que se trata de “una ley ejemplar”, mientras que la nueva propuesta “aumenta las transferencias de los productores a los semilleros”, y defendió el uso propio de la semilla.

A su turno, desde las instituciones técnicas, AACREA planteo que el “mejoramiento genético es el pilar del desarrollo en el mundo”, como fuente de competitividad, por lo que apoyaron la moción de que la tecnología debe ser retribuida. Pero desde FADA, la propuesta fue que se realice un único pago por toda la mejor, por bolsa de semilla, ponderado por la participación y la variedad.

Luego, la Asociación de Semilleros (ASA), planteó el rol fundamental del multiplicador en el mercado de las semillas y alertó sobre la reducción en el uso de semilla fiscalizada –el 1% de la semilla fiscalizada genera 850 puestos de trabajo-. La propuesta fue promover la multiplicación, conservar los cultivares, el uso propio oneroso con excepciones y un marco de control público privado. “Evitemos el apagón tecnológico”, fustigó Paseyro, titular de la entidad.

Por último, desde Don Mario como desde Bioceres, continuaron en la línea que su antecesor y también bregaron por los semilleros multiplicadores, con un uso propio oneroso y controlado.

Varios diputados reconocieron que se trata de un tema poco sencillo y que no se debe acelerar el dictamen, sino más bien realiza un análisis completo del tema, ya que hay distintos intereses y actores en juego. Sin embargo, Alegre deslizó que el próximo jueves 17 de noviembre, se convocará a una reunión de Agricultura por el tema lechería y podría haber novedades respecto del dictamen de la Ley de semillas. Por lo pronto, el próximo martes 22 de noviembre, será la segunda y última jornada  de debate.

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