La Cámara baja aprobó por unanimidad el proyecto venido en revisión de Senado que prohíbe el desalojo de las comunidades originarias. Hubo críticas de la oposición para el sector agropecuario y varios diputados solicitaron estudiar la cuestión de fondo porque la prórroga no resuelve el problema.

La prórroga a la Ley 26.160 fue apoyada por todos los bloques, pero no quedaron de lado las menciones contra el sector. Graciela Cousinet (Libres del Sur-Mendoza) apuntó a que los pueblos originarios “se ven obligados a vivir en los márgenes de las grandes ciudades y son el resultado del modelo económico de sojización y del agronegocio, que continuamente empuja la frontera”.

También, desde el Frente de Izquierda, Nathalia González Seligra (Buenos Aires) apuntó directo contra el nuevo titular de la cartera agro: “Queremos alertar que con Etchevehere a la cabeza de la política de agroindustria, probablemente los pueblos originarios tengan que profundizar su pelea para conquistar el derecho inalienable a la tierra que, como ya han señalado todos, reconoce la Constitución”, azotó.

En la misma línea, Juan Carlos Giordano (Frente de Izquierda-Buenos Aires) cuestionó la falta de relevamientos porque “los gobiernos han sido cómplices de Benetton, de Lewis, de las empresas petroleras, mineras y forestales, de la Sociedad Rural, de los que usan la tierra para negocios inmobiliarios y no para los pueblos originarios”

A continuación, Verónica Mercado (FPV-PJ-Catamarca) también apuntó contra el Poder Ejecutivo que “desde hace casi un año mantuvieron frenado este reclamo legítimo y el derecho de los pueblos originarios, con una clara intención de favorecer los intereses de los grandes terratenientes, empresarios y representantes de agronegocios, que pretenden apropiarse de la tierra en la que desde hace generaciones viven y trabajan las comunidades originarias”.

Incluso, el propio Juan Cabandié (FPV-PJ-CABA) se mostró preocupado porque “el gobierno sigue dando lugar y preponderancia a Lewis y sus negocios con la tierra, que no permite el acceso a lagos y ríos al conjunto de los habitantes del país o a turistas extranjeros”.

Finalmente la ley fue aprobada por 215 votos afirmativos, sin votos negativos ni abstenciones, y fue elevado al Poder Ejecutivo para su promulgación.

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