El oficialismo se alzó con el dictamen del mega DNU que incluye la simplificación normativa y de varios trámites del Senasa. Ante la resistencia de la oposición, el Poder Ejecutivo ofreció desdoblar el DNU en tres proyectos de ley, que permitirá modificaciones.

“Vamos a presentar tres proyectos de ley que involucran cada uno de los capítulos que son materia de discusión de este DNU”, informó el senador Luis Naidenoff, titular de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al iniciar el encuentro. Sin embargo, los diputados y senadores de Cambiemos lograron dictaminar el proyecto, pero la oposición presentó su dictamen en minoría.

En general, los diputados y senadores del Justicialismo y Frente para la Victoria criticaron la falta de necesidad económica, social o institucional que justificara el envío del decreto, que consta de 192 artículos y modifica más de un centenar de normas.

Durante el debate, sólo la senadora kirchnerista, Anabel Fernández Sagasti (Mendoza), se refirió a la reforma del ente sanitario y señaló: “El avance sobre la privatización de los controles de calidad de alimentos e inspecciones es gravísimo si tenemos en cuenta que se trata de recetas que ya fracasaron y generaron la peor epidemia de aftosa en la Argentina durante el año 2000, situación que nos hizo perder mercados externos en aquella época. Por lo tanto, la decisión de desguazar estos organismos es más que irresponsable sobre todo ante la aparición de enfermedades que complican la sustentabilidad de nuestra producción, como por ejemplo, la Lobesia Botrana en nuestra provincia”.

La estrategia del oficialismo de enviar los tres proyectos de ley por separado busca convencer al justicialismo de que podrán incluir modificaciones a los puntos del DNU con los que están en desacuerdo, y, de esa forma, asegurarse los votos de ese bloque en el recinto, a favor de la bancada oficialista.

El Decreto 27/2018 de Desburocratización y Simplificación del Estado modifica 140 leyes, deroga otras 19 y dispone numerosos cambios en ministerios, el Banco Central, la Anses (particularmente sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad), la Agencia de Administración de Bienes del Estado y el SENASA.

Con respecto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, el decreto deroga las Leyes 2.268, referente a las plagas del ganado, con normas de control portuario para reproductores que llegaban al país; la 2.793, para combatir la langosta; la 3.708, que establecía multas para quienes no cumplieran con medidas referidas también a la langosta; la 4.863; de defensa de la producción agrícola y 25.369, que declaró la emergencia sanitaria por la plaga del picudo del algodonero en el año 2000.

Además, quedaron afuera varios decreto-ley de gobiernos de facto, como el 15.245, de 1956; el 2.872, de 1958 y el 7.845. Y también perdieron efecto los decretos 89.048 (año 1936), 80.297 (1940), 5.153 (1945), 12.405 (1956), 5.514 (1961) y 647 y 2.628 (ambos de 1968).

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